Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, aclaró este lunes que el cronograma electoral fue aprobado por unanimidad de votos y no por mayoría.
"Ante la desinformación y los ataques, donde faltando a la verdad pretenden situarme como parte de una mayoría de votos que no existió, ACLARO: El cronograma electoral (y TODOS sus plazos) fue aprobado por unanimidad de votos en sesión de Pleno el día 10 de mayo", escribió Hall en su cuenta oficial en X.
"¿Qué pretenden quienes opinan sin informarse de los hechos y faltando a la verdad?", preguntó.
Las declaraciones de Hall surgen luego de que varios sectores consideraran que la aprobación del cronograma coloca en una situación de desigualdad a los partidos políticos que no participaron en las elecciones primarias.
Esto se debe a que los partidos Liberal, Nacional y Libre tuvieron desde el 8 de septiembre de 2024 para organizarse como movimientos internos dentro de cada partido, plazo que se extendió hasta el 9 de noviembre de 2024.
Sin embargo, para las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral, con la aprobación del cronograma, solo otorga nueve días a los demás entes políticos para organizar candidaturas a nivel presidencial, en al menos 14 departamentos con diputaciones y, al menos, precandidaturas a alcaldías en 200 municipios.
La aprobación del cronograma se realizó cuatro días después de que Marlon Ochoa, consejero del CNE, acusara a la presidenta del organismo, Cossette López, de querer violar y retrasar el calendario de las elecciones generales del 30 de noviembre.
El representante de Libertad y Refundación (Libre) agregó: "La ley manda que los candidatos de los partidos políticos que no participaron en elecciones primarias deben ser inscritos el 30 de mayo si cumplen los requisitos. Los consejeros no debemos prestarnos a maniobras para cambiar plazos que manda la ley".
Al final, el Pleno del CNE se apegó a lo que establece el artículo 213 de la Ley Electoral y programó para el 30 de mayo la emisión de las resoluciones correspondientes sobre la inscripción de los entes políticos.