Los pasillos del Instituto de Formación Profesional (Infop) empiezan a lucier cada vez más desolados.
De 1,200 personas que inicialmente ingresaron al “campamento esperanza” actualmente permanecen 553.
Hoy se cumplen dos semanas del voraz incendio que azotó el centro penal de Comayagua y que cobró la vida de 361 reos.
La desilución, la impotencia y el desgaste físico y emocional han calado en los deudos, empujándolos a marcharse gradualmente del albergue.
Son muy pocos los que aún se mantienen firmes a la espera que les entreguen los cadáveres de sus seres queridos, que murieron calcinados.
Tal es el caso de Raymundo Domínguez, un humilde campesino que emigró a la ciudad desde La Paz en busca del cuerpo de su hijo, Julio Domínguez, recluido en el módulo 6 de la granja penal. “Yo no me pienso mover hasta que me lleve el cuerpo de mi hijo, porque a eso vine desde tan lejos, nadie me saca de aquí”, afirmó.
Gastos
Lourdes Ardón, coordinadora nacional de albergues de Copeco, manifestó que “campamento esperanza” es el primer albergue que maneja el gobierno con un enfoque en derechos humanos.
“A las personas se les han respetado todas sus garantías, desde comer nutritivo, libre movilización, hasta derecho de culto”. Por su parte, Corina Mejía, oficial de comunicación de Copeco, aseguró que el gobierno gasta a diario alrededor de 500 mil lempiras en la logística que se destina al megaalbergue.
“Se incluye todo, desde el combustible para movilizarlos hasta la comida”.
