Tegucigalpa, Honduras.- A 39 días de las elecciones generales, Honduras enfrenta una nueva crisis política provocada -según diversos sectores- por la actuación deliberada del oficialismo y el debilitamiento institucional que impulsa el partido Libertad y Refundación (Libre).
El control político que ejerce sobre el Congreso Nacional y su influencia en los organismos electorales han encendido las alarmas sobre la transparencia del proceso que está en marcha.
Por un lado, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, mantiene bloqueada la convocatoria a las sesiones legislativas, pese a los reclamos de las bancadas opositoras.
La oposición acusa que Redondo pretende instalar una Comisión Permanente, un mecanismo excepcional que le permitiría ejercer control sobre las decisiones del Congreso durante el proceso electoral, incluso si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no logra emitir la declaratoria oficial de resultados.
“Libre no quiere sesiones. Libre sigue dilatando este tema. Ellos quieren que termine el periodo de sesiones el último de octubre y que entre en funciones la Comisión Permanente. Ese es el esquema porque Libre conoce que no tiene el apoyo del pueblo”, arguyó el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.
De su lado, la diputada del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, aseguró que “creo que, sin lugar a dudas, sí nos encontramos en el marco de una crisis en el país. En ningún momento sentimos que podíamos cantar victoria; siempre vimos que sería un reto llegar al 30 de noviembre.
La ciudadanía debe mantenerse vigilante, porque desafortunadamente seguimos viendo, por parte de Libertad y Refundación, muchas maniobras alejadas del cumplimiento de la ley, del respeto al Estado de derecho y a la institucionalidad”.
Entrampados en el TJE
La crisis también alcanza al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), donde magistrados opositores aseguran que los representantes cercanos a Libre no han asistido a las sesiones destinadas a resolver recursos de apelación, pendientes y otros trámites administrativos.
Esta ausencia ha frenado resoluciones clave que garantizan la certeza jurídica del proceso, lo que, de acuerdo con analistas, refleja una estrategia de dilación que busca mantener el control político sobre los tiempos electorales.
La diputada liberal Maribel Espinoza criticó que las maniobras del oficialismo en el TJE están “boicoteando el proceso electoral en todas sus formas” y advirtió que “por dos casos aislados en ese tribunal están poniendo en precario la credibilidad de la justicia electoral”.
“La seguridad jurídica del proceso depende de decisiones oportunas, no de intereses particulares”, subrayó.
Espinoza advirtió además que “es una torpeza lo que están haciendo allí en el TJE. Por intereses individuales quieren atrasar la impresión de papeletas, lo que solo beneficia a Libre. Si el Partido Liberal se queda sin papeleta, el país pierde en credibilidad democrática”.
Por otro lado, el CNE vive un conflicto permanente entre sus tres consejeros, especialmente por la falta de conectividad en el sistema de transmisión de resultados.
Sobre este punto, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, manifestó que “el Consejo Nacional Electoral debe garantizar el ejercicio pleno de ese derecho, respetando la institucionalidad y las competencias de cada órgano, pero es el TJE quien debe pronunciarse sin dilación; caso contrario, toda la responsabilidad recae en sus funcionarios”.
Solórzano agregó que “la responsabilidad por la falta de votación recaería en quien, teniendo la obligación de resolver, no lo haga a tiempo”.
Y exhortó: “La democracia y el proceso electoral están por encima de cualquier interés de los partidos políticos y de los politiqueros de nuestro país. Ya es tiempo que actúen por amor a Honduras y sus instituciones”.
Por su parte, el analista político Olban Valladares cuestionó que “es deplorable, inaceptable, vergonzoso y penoso, porque estamos en un periodo crítico donde lo último que debe ocurrir es la politización del proceso”.
Violación a la ley
En medio de la crisis institucional, la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, anunció que el 30 de noviembre al mediodía se declarará ganadora de las elecciones, pese a que en ese momento el proceso electoral estará aún en curso.
El gesto ha sido interpretado por analistas como un intento de imponer una narrativa de victoria anticipada, lo que podría provocar disturbios o el desconocimiento de los resultados oficiales.
De acuerdo con las últimas encuestas, la candidata oficialista muestra una caída sostenida en la intención de voto, y varios sectores atribuyen su comportamiento a una reacción desesperada ante ese descenso.
“Hay un comportamiento marcado: cuando Libertad y Refundación no logra el apoyo de las mayorías, no actúa con vocación democrática”, declaró Mena.
Origen de la crisis
El caos que rodeó las elecciones primarias de marzo tuvo como principal detonante el papel de las Fuerzas Armadas, cuya actuación operativa desató una tormenta.
En lugar de garantizar la custodia neutral del material electoral, los militares retrasaron la distribución de urnas, provocando un colapso logístico que paralizó el proceso en varios centros de votación de Tegucigalpa.
En julio, el CNE quedó hundido en un pleito interno entre sus propios consejeros por la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Durante más de un mes, el órgano estuvo paralizado por la pugna entre representantes partidarios, incapaces de ponerse de acuerdo sobre la empresa proveedora.
Esa disputa política impidió los simulacros y verificaciones técnicas, dejando al país sin certeza sobre la transparencia del conteo preliminar de votos.
Un mes después, el 27 de agosto, el Congreso Nacional, bajo el mando del presidente Luis Redondo, entró una parálisis que agravó la crisis.
Su negativa a convocar sesiones mantiene paralizada la agenda legislativa.
