"Vialidad", el caso de corrupción por el que condenaron a Cristina Fernández
Las irregularidades en torno a la concesión de obras viales en la provincia argentina de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo, derivaron en una causa judicial que culminó este martes con la confirmación de una condena contra Cristina Fernández. Aquí los detalles
- 10 de junio de 2025 a las 00:00
La denominada 'causa Vialidad' tiene su origen en la adjudicación de 51 obras de construcción de carreteras en esta región del sur de Argentina. Conozca más del caso que encarceló a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández.
Con firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010, y su hoy viuda, Cristina Fernández (2007-2015).
El caso se remonta a noviembre de 2008, cuando la diputada Elisa Carrió y otros dirigentes de la opositora Coalición Cívica presentaron una denuncia penal por el supuesto "direccionamiento" de las obras viales hacia las empresas constructoras de Báez.
En abril de 2016, meses después de que el conservador Mauricio Macri (2015-2019) asumiera la Presidencia argentina, el entonces titular de la Dirección de Vialidad (órgano estatal a cargo de la infraestructura vial), Javier Iguacel, presentó una denuncia más amplia.
El 27 de diciembre de 2016, el juez federal Julián Ercolini procesó a Cristina Fernández por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada. En la etapa de investigación judicial, Ercolini determinó que cerca del 85 % de los contratos viales de Santa Cruz fueron adjudicados a Lázaro Báez, amigo personal de Néstor Kirchner.
En marzo de 2018, la causa fue elevada a juicio oral, un proceso que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 inició el 22 de mayo de 2019.
El 22 de agosto de 2022, el fiscal interviniente en el juicio oral, Diego Luciani, solicitó una pena de doce años de cárcel para la expresidenta (en esas fechas era vicepresidenta en el Gobierno de Alberto Fernández), tras considerar que había quedado demostrado que ella era la "jefa" de una asociación ilícita.
Afirmó que la exmandataria había creado, junto a Kirchner, "una de las matrices más extraordinarias de corrupción" en Argentina.
Por aquellos días, seguidores kirchneristas solían concentrarse a las puertas de la residencia de Cristina Fernández en Buenos Aires para mostrarle apoyo.
En la noche del 1 de septiembre, Fernández se acercó a saludar a los manifestantes y un hombre con un revolver disparó contra ella. La bala no salió. El intento de magnicidio conmocionó al país.
En los alegatos finales del juicio, Fernández negó las acusaciones y afirmó ser víctima de 'lawfare', es decir, de instrumentalización de la justicia por parte de sus adversarios políticos para perseguirla y desprestigiarla.
En su opinión, la 'causa Vialidad' carece de base legal y no existen pruebas de corrupción. A su juicio, el objetivo "eliminarla políticamente". Además, Cristina Fernández ha comparado su situación con la que atravesó Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, un caso demostrado de persecución política y judicial.
"Este juicio no tiene andamiaje constitucional, es un disparate", afirmó Fernández. Durante el proceso, la expresidenta ha denunciado falta de imparcialidad y ha señalado especialmente a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, a los que acusa de mentir y manipular pruebas para fabricar un caso.
En agosto de 2022 pidió la recusación del juez Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Luciani, después de que el diario Página12 revelara que ambos jugaban al fútbol con el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).
Luego pidió la recusación del juez Jorge Luciano Gorini al conocerse que había tenido dos reuniones con Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad del Gobierno de Macri y hoy de Javier Milei. Todas fueron rechazadas.
El 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Oral condenó a Cristina Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los jueces la hallaron culpable del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la absolvieron del cargo de asociación ilícita. En los fundamentos de la sentencia se afirma que "los incontrovertibles beneficios obtenidos" por el empresario Báez "no agotan las ventajas económicas que reportó esta defraudación, pues parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la expresidenta".
“¿Por qué me condenan? Por un delito que como presidenta nunca pude haber cometido: el de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el Gobierno de la provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoría General de la Nación y el Congreso de la Nación desde el 2003 al 2015”, escribió Fernández en sus redes sociales cuando se conoció la sentencia hoy ratificada.