Las impactantes imágenes del envío de reos de la banda del Tren de Aragua a El Salvador
Bajo la Ley de Enemigos Extranjeros fueron enviados cerca de 250 personas consideradas integrantes del Tren de Aragua a El Salvador, que el presidente de ese país, Nayib Bukele, se ha ofrecido a encarcelar
- 17 de marzo de 2025 a las 00:00
En el marco de ese proceso, el líder salvadoreño les había solicitado el envío de “dos peligrosos líderes” de la pandilla centroamericana Mara Salvatrucha (MS-13) “y 21 de sus más buscados para que comparezcan ante la justicia en su país”, algo que el jefe de la diplomacia estadounidense dijo que se ha cumplido.
Marco Rubio detalló en X que Bukele había ofrecido mantener a los acusados de ser miembros del Tren de Aragua “en sus excelentes cárceles a un precio justo”, lo que en su opinión “también ahorrará dinero” a los contribuyentes estadounidenses.
“Una vez más, el presidente Bukele ha demostrado que no solo es el líder de seguridad más fuerte de nuestra región, sino también un gran amigo de Estados Unidos”, añadió en un comunicado el jefe de la diplomacia estadounidense.
Rubio consideró que Donald Trump “está cumpliendo las promesas que le hizo al pueblo estadounidense” y que la expulsión de “cientos de criminales violentos” nunca se habría dado bajo ningún otro mandatario estadounidense.
Para acelerar las deportaciones contra miembros de Tren de Aragua, Trump decidió este sábado aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, que se remonta a 1798 y que no había sido invocada desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Es una autoridad que en tiempos de guerra permite detener o deportar a los ciudadanos de una nación enemiga sin audiencia previa y, bajo la misma, todos los venezolanos mayores de 14 años que se considere que pertenezcan a esa banda, se encuentren en EE.UU. y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros.
Antes de su invocación, no obstante, el juez federal James Boasberg había prohibido preventivamente su aplicación contra la deportación de cinco venezolanos, y poco después de la misma amplió su veto para cubrir a todos los no ciudadanos bajo custodia de Estados Unidos que estarían sujetos a dicha normativa.
El magistrado detalló en su orden, en vigor durante 14 días o hasta nuevo aviso, que todo avión con esas personas a bordo, que fuera a despegar o que estuviera en el aire debía volver a Estados Unidos.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, recordó en un comunicado que el Tren de Aragua había sido declarado por Estados Unidos como grupo terrorista extranjero en febrero.
“Es una de las bandas terroristas más violentas y despiadadas del planeta. Violan, mutilan y asesinan por deporte. Es responsable de algunos de los crímenes más atroces ocurridos en suelo estadounidense en los últimos años”, dijo.
Leavitt destacó que constituye “una amenaza directa a la seguridad nacional” de Estados Unidos y consideró que el arresto y deportación de esos cerca de 250 integrantes, que ella elevó a casi 300, “ha salvado innumerables vidas estadounidenses”.
Bukele y Trump han actuado fuera de los marcos legales internacionales y de sus países con el encarcelamiento de migrantes, supuestos miembros de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, en el país centroamericano, donde están en un “hoyo negro jurídico”, según analistas consultado este lunes por EFE.
“Lo que está claro es que los mandatarios de los dos países están actuando fuera de los marcos nacionales e internacionales” y “hemos llegado a un punto de inflexión para el sistema internacional de derechos humanos”, dijo en declaraciones a EFE Noah Bullock, director de la organización humanitaria Cristosal.
“Tenemos a dos jefes de Estado que han acordado deportar y desaparecer a cientos de personas en los centros penales de El Salvador sin la más mínima garantía. No sabemos quiénes son y no sabemos bajo qué jurisdicción judicial se van a garantizar sus derechos. Se ha mandado a esas personas a un hoyo negro judicial”, añadió Bullock.
El director de Cristosal destacó que le correspondería a los Congresos de ambos países “ratificar algún tipo de acuerdo de esa naturaleza”, y subrayó que este encarcelamiento “lo hacen desafiando una orden judicial de una corte en Estados Unidos”.
“Tenés a dos Ejecutivos que están acaparando de poderes que no les corresponden para anular derechos de una población. Eso debería de ser un tema de suma preocupación para todo país de vocación democrática”, sostuvo.