Caso Kilmar Ábrego García: familia exige justicia mientras EE UU oculta detalles
Jennifer Vásquez Sura, César Ábrego García y Cecilia García de Ábrego, esposa, hermano y madre de Kilmar Ábrego García, abandonaron el juzgado federal de Greenbelt, Maryland, el 16 de mayo de 2025, al que asistieron para conocer cómo va el caso
- 16 de mayo de 2025 a las 14:47
La audiencia de este viernes 16 de mayo, en el caso de Kilmar Ábrego García, tenía como objetivo determinar si el gobierno podía continuar ocultando información del expediente de Ábrego, invocando el privilegio de “secreto de Estado”. La defensa argumentó que esa medida buscaba encubrir una desobediencia directa a las órdenes judiciales.
Kilmar Ábrego García fue deportado a El Salvador el 15 de marzo, pese a que una orden judicial de 2019 le prohibía ser expulsado debido a riesgos creíbles de persecución. La administración Trump calificó su deportación como un "error administrativo".
En abril, la jueza federal Paula Xinis ordenó que Ábrego regresara a Estados Unidos, y la Corte Suprema respaldó la decisión. No obstante, el gobierno no ha cumplido con la orden, alegando obstáculos diplomáticos y de seguridad.
El Departamento de Justicia ha justificado su resistencia con argumentos clasificados. Invocó el privilegio de secreto de Estado, un recurso legal que permite retener información sensible por motivos de seguridad nacional.
La jueza Xinis calificó esas justificaciones como vagas y advirtió que el gobierno podría estar en desacato si no demuestra acciones reales para traer de vuelta al demandante.
El gobierno sostiene que Ábrego pertenece a la pandilla MS-13, señalando antiguos tatuajes y una acusación de 2019. Sin embargo, Ábrego nunca ha sido condenado por ningún delito en EE. UU. ni en El Salvador.
Jennifer Vásquez Sura ha denunciado que las acusaciones en su contra, incluida una denuncia por violencia doméstica, fueron manipuladas por el gobierno para justificar la deportación de su esposo.
Mientras tanto, Ábrego permanece detenido en una prisión en El Salvador, sin cargos formales. La defensa teme por su vida, al considerar que su regreso lo expuso a los mismos peligros de los que buscaba asilo.
El caso ha sido ampliamente criticado por defensores de derechos humanos, quienes alertan sobre el uso abusivo de figuras legales como el “secreto de Estado” para evitar responsabilidades por errores administrativos.
También ha reavivado el debate sobre la autoridad del poder judicial frente a decisiones del ejecutivo. Para muchos, el desacato del gobierno representa un precedente preocupante.
En el Congreso, algunos legisladores han solicitado transparencia total sobre el caso. Señalan que se trata de una violación a los derechos individuales más que de un asunto de seguridad nacional.
La familia de Ábrego sigue exigiendo justicia. Las imágenes de sus salidas del tribunal reflejan no solo su lucha legal, sino también el desgaste emocional de enfrentar a un sistema que aún no les da respuesta.