Fiscalía española archiva la denuncia contra Julio Iglesias: Esta es la razón
La Fiscalía española concluyó que no existen vínculos legales suficientes para investigar la denuncia presentada contra el intérprete de "Me va, me va"
- Actualizado: 23 de enero de 2026 a las 11:57
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha archivado la investigación que abrió para analizar una denuncia contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas, ante la "falta de jurisdicción" y competencia de los tribunales españoles.
El ministerio público ha dictado un decreto, conocido este viernes, en el que concluye que no se dan los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia española pueda investigar la denuncia que presentaron dos exempleadas contra el cantante por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores.
Porque, según explica la Fiscalía, la Ley Orgánica del Poder Judicial española exige, entre otras cuestiones, que el denunciado sea un ciudadano español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una "conexión material con España", por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país.
Sin embargo, en este caso, precisa el decreto, las víctimas son extranjeras, no residen en España, "los hechos se atribuyen a países plenamente competentes", y los denunciados -Julio Iglesias y otras dos personas- no residen en España y además tienen nacionalidades distintas (español, colombiana y brasileña).
La Fiscalía considera que el criterio decisivo "es la existencia de vínculo relevante con España, que en este caso no existe" porque los hechos no discurren en territorio español, ni las denunciantes o los denunciados se encuentran en España.
Además, apunta a que la jurisprudencia del Tribunal Supremo impide que España desplace la jurisdicción del Estado "primariamente competente", salvo que quede acreditada la "imposibilidad real o falta de voluntad de investigar", algo que en este caso no se da porque "en ningún momento se han denunciado los mismos en los países territorialmente competentes".
Los hechos denunciados afectan a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.
Las dos mujeres presentaron la denuncia el pasado 5 de enero, y días después, el 16, la Fiscalía otorgó la condición de testigos protegidos a las denunciantes, representadas por la organización Women’s Link Worldwide.
La apertura de esta causa se conoció el mismo día en que una investigación periodística de eldiario.es (España) y Univisión Noticias (EUA) recogía los testimonios de ambas denunciantes sobre presuntas agresiones sexuales, lesiones y vejaciones atribuidas al cantante en 2021, cuando tenía 77 años.
Una de las empleadas, que ubicaron aquellos hechos en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas, aseguró que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH.
Estas acusaciones han sido negadas por Iglesias, que publicó un comunicado en su perfil de Instagram asegurando que nunca "ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer".
El intérprete, quien había señalado que la denuncia le causó un “grave daño reputacional”, publicó posteriormente en sus redes sociales varios mensajes que aseguró haber recibido por WhatsApp de las trabajadoras que lo denunciaron por agresión sexual, con los que buscó respaldar su versión de los hechos.