Tegucigalpa, Honduras.- Tras el reciente anuncio del fiscal general de la República, Johel Zelaya, sobre requerimientos en contra de seis personas señaladas por delitos electorales, diversas personalidades se han pronunciado.

La diputada Maribel Espinoza manifestó su preocupación sugiriendo que estos movimientos podrían representar una estrategia para distraer la atención de la declaratoria de elecciones.

"Ojalá no trate de una acción para que distraer, retrasar o impedir la declaratoria de elecciones del 8 de abril. Los Consejeros del CNE deben rendir su declaración testifical el 10 de abril después de la declaratoria de elecciones, tal y como está previsto", escribió en su cuenta oficial de "X".

En otro mensaje instó a que se identifique "a los verdaderos autores de la conspiración contra la democracia.

La diputada liberal también mencionó la importancia que las consejeras del CNE, Cossette López y Ana Paola Hall, rindan declaración testifical el 10 de abril, justo después de la anunciada declaración electoral, añadiendo que cuentan con el apoyo de la oposición.

Por su parte, el diputado Carlos Umaña, jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), no dudó en calificar de “espectáculo” las acciones del Ministerio Público.

En su crítica, Umaña apuntó a la falta de transparencia en el sistema electoral y acusó a los partidos políticos y las Fuerzas Armadas de Honduras de ser responsables de la crisis actual.

“2000 millones de los impuestos dados en presupuesto y solo para hacer pasar una gran vergüenza a nuestro país”, expuso Umaña en sus redes sociales.

El jefe de bancada por el Partido Nacional, Tomás Zambrano, pide reanudar las sesiones del Congreso para proteger la democracia ante posibles manipulaciones.

"El poder legislativo entra en receso en mayo y esto abre la puerta para que desde la Comisión Permanente intenten apartar a las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López para imponer a sus propios consejeros afines a libre y así manipular el proceso de elecciones generales", escribió en sus redes sociales horas después de que se anunciaran los requerimientos del MP.

Desde la sociedad civil, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, también reaccionó al respecto.

"Ahora es que los trasportistas son los culpables, y el CNE, custodios electorales, militares asignados al CNE, etc. Vaya extraña justicia. Debe aplicarse la ley también a quienes tienen ese mandato constitucional", escribió en su cuenta de "X".

Salomón Fonseca, representante de la empresa Ingeniería, Transporte y Logística y uno de los señalados por delitos electorales de las primarias del 9 de marzo, expresó preocupación. Considera que estos requerimientos son meramente una búsqueda de “chivos expiatorios”.

Aunque personalidades afines al gobierno no dudaron en expresar su satisfacción por los señalamientos en un evidente clima de tensión política.

Rasel Tomé se pronunció solicitando al Ministerio Público que aplique la ley a quienes sean partícipes de delitos electorales.

"El 9 de marzo fue un desastre electoral, somos víctimas de ese acto criminal, que se presente los requerimientos fiscales contra todos los que estén involucrados. Morena Libre siempre del lado del pueblo. Fui el primero en presentar las denuncias ese mismo día 9 marzo en horas de mediodía para que el Ministerio Público actuara".

El vicecanciller de Política Exterior, Gerardo Torres Zelaya, también se pronunció sobre los requerimientos fiscales, sugiriendo que la situación podría tener implicaciones más amplias. "Suenan pasos de animal grande".

En el requerimiento figuran varios funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y representantes de empresas privadas involucradas en la contratación del transporte.

Raúl Amílcar Rivera Montoya, José Martín Pastrana Sánchez, Carlos Salomón Fonseca Robles, Johel Ramos García, Dennis Emilio Hércules Rosa y Juan Carlos Canales Lobo, son los nombres de las personas señaladas por el fiscal Johel Zelaya.