El Ministerio Público (MP) inició de oficio una investigación del robo de 300 Fusiles Automáticos Ligeros (FAL) y 300,000 proyectiles calibre 5.56 milímetros (mm) que estaban bajo custodia en el Comando de Operaciones Especiales Cobras.
Las acciones investigativas orientadas a deducir responsabilidades iniciaron a raíz de la investigación que publicó EL HERALDO a partir de esta semana, en amplios reportajes que ponen al descubierto la fragilidad del sistema de seguridad del país.
Las circunstancias que rodean el extravío del arsenal y los responsables serán esclarecidos por el ente acusador del Estado.
'Lo que tenemos es una noticia criminal, se ha aperturado una investigación de oficio por parte de la Fiscalía contra el Crimen Organizado', informó a EL HERALDO la directora de Fiscalías, Danelia Ferrera.
'Ya está designado un fiscal a cargo de ese proceso de investigación', añadió. Este coordinará un equipo compuesto por otros investigadores.
Uno de los extremos que se investigará es si el extravío de las armas aconteció en un solo hecho o fue en varias ocasiones.
Asimismo, qué hicieron con las fusiles y los proyectiles, a quiénes los entregaron y con qué finalidad. Además se indagará si el arsenal fue vendido y si salió o no del país.
De confirmarse, se tipificarán los delitos y se individualizará a los responsables a fin de llevarlos a los tribunales competentes.
Pedir cuentas
La primera acción investigativa que realizará la Fiscalía contra el Crimen Organizado será la de pedir cuentas a las autoridades de la Secretaría de Seguridad.
Las mismas irán orientadas a requerir si iniciaron o no una investigación sobre este hecho delictivo.
Algunos cuestionan que el MP es quien coordina la investigación, que no tiene por qué estar pidiendo un informe al cuerpo policial, peor aún cuando este es el denunciado.
Sin embargo, Ferrera aclaró que es necesario realizar esta diligencia. 'Siempre es importante tener la información que pudiera tener la Policía, si es que la tienen; si han aperturado alguna investigación', manifestó. Igualmente, se indagará si Asuntos Internos intervino en este caso o no.
En base a la denuncia de EL HERALDO, la Fiscalía requiere documentarse de la fuente idónea, que es precisamente el espacio en donde se ha perdido este tipo de bienes. El fiscal designado para investigar este caso, justificó, no puede estar alejado de la información que pudiera darse desde la Secretaría de Seguridad.
La información que pudiera brindar esta dependencia será anexada al expediente investigativo que se aperturó en la estructura del MP.
'Son insumos que apoyan el proceso de investigación, pero no van a ser determinantes', dijo la directora.
El MP espera tener el apoyo de la Policía, dado que la información se origina desde la fuente de la denuncia.
Inspecciones
Otra diligencia que plantea el plan de trabajo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado es desplazar al equipo fiscal a la sede del Escuadrón Cobras para constatar la denuncia.
'Se harán inspecciones en el lugar donde se supone se extrajo (los fusiles y los proyectiles)', apuntó.
No precisó cuándo inspeccionarán los fiscales dicho escuadrón ni detalló qué otras acciones investigativas conducirán, justificando que se pretende garantizar el éxito de las mismas.
'Son varias diligencias que no me atrevería a exponer para no poner en riesgo ningún proceso de investigación', manifestó la directora de Fiscalías.
Citaciones
Una posibilidad que sí está a la vista es llamar a declarar a exautoridades y actuales mandos policiales.
Entre ellos a exjefes del Escuadrón Cobras, exdirectores de Policía, de Asuntos Internos y hasta el propio exministro de Seguridad, Óscar Álvarez.
'Si fuera necesario, obviamente se les llamaría, eso es algo que la investigación misma va arrojando y se verificaría, claro que sí', manifestó la funcionaria.
De acuerdo al curso de las investigaciones se conocerá qué tipo de delitos se cometieron. Entre ellos se investiga un posible tráfico de armas o el robo continuado agravado, por tratarse de agentes del Estado los involucrados.
Asimismo, se podría tipificar el delito de malversación de caudales públicos, por ser servidores públicos quienes habrían sustraído las armas que son bienes del Estado.
Por su parte, el fiscal adjunto, Roy Urtecho, afirmó que el MP concluirá las investigaciones orientadas a deducir responsabilidades penales.
'Esperamos que la investigación sea remitida oportunamente al MP, para que el MP, conforme a las pruebas recabadas, presente el requerimiento contra las personas, los supuestos responsables', indicó el adjunto.
El MP garantiza objetividad en las investigaciones, el Código Procesal Penal no define plazos, sin embargo, se espera que a la brevedad se obtengan resultados que serán dados a conocer a la sociedad.
Piden derogar privilegios
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó derogar privilegios a policías de remitirlos a unidades policiales en calidad de detención, siendo las más usuales el Escuadrón Cobras o la Jefatura Metropolitana.
Atendiendo una solicitud de la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, esta Sala Penal pidió al pleno de magistrados de la CSJ, hace más de tres meses, que se derogara un viejo auto acordado en el cual se establece que los policías y militares acusados de delitos deben ser remitidos a los centros policiales o unidades militares cuando se les dicta la prisión preventiva.
La Sala Penal considera que enviar a estos agentes del Estado a dichas unidades no es consecuente con el sistema procesal y lesiona el derecho a la igualdad que garantiza la Constitución.
Esto genera impunidad, pues no hay vigilancia efectiva, muchas veces se fugan y no se continúan los procesos. No obstante, el presidente de la CSJ, Jorge Rivera, dejó en suspenso la solicitud de derogar el auto acordado, el pleno aún no la aprueba, por lo que continúa vigente.
