El sector público hondureño intentará este año ajustar la ejecución del gasto a la asignación presupuestaria.
Lo que se pretende es que el gobierno central pueda cerrar el presente ejercicio con un déficit fiscal del -3.5% del PIB y no -6%, como el reportado el año pasado, superior a la meta de -3.7% del producto interno bruto.
Históricamente, la administración de los recursos públicos ha estado alejada de la capacidad financiera real, por lo que el Congreso Nacional aprobó el decreto legislativo 223-2012, publicado el 5 de febrero de 2013 en La Gaceta 33,044, en donde está contemplada una serie de acciones a tomar.
De acuerdo con ese decreto, la máxima autoridad de cada una de las entidades y organismos asumirán la responsabilidad directa sobre la gestión financiera institucional y sobre la ejecución presupuestaria, dentro del marco de las atribuciones y competencias establecidas en la normatividad técnica señalada por la Secretaría de Finanzas (Sefin).
Para este año, el Congreso Nacional aprobó un presupuesto por 131,700.6 millones de lempiras, de los que 89,544.4 millones son para el gobierno central y 42,156.2 millones para las instituciones descentralizadas. Está pendiente de aprobar 32,000 millones de lempiras para seis instituciones descentralizadas, entre ellas la ENEE y Hondutel.
El presupuesto global del sector público sumará 164,233 millones de lempiras para el ejercicio 2013, superior a los 144,338 aprobados el año pasado, de acuerdo con Sefin.
El presupuesto
Según un documento de análisis que está siendo debatido por todo el sector público, los aspectos más importantes se concentran en cumplir con lo planificado por el gobierno.
Para eso, las autoridades de la Secretaría de Finanzas han pedido a los responsables de cada institución del sector público no ofrecer lo que no se puede cumplir, o sea “enfocarnos en administrar el presupuesto para garantizar el cumplimiento de las actividades”.
Además, se debe cumplir de manera estricta con el presupuesto asignado; revisar los gastos corrientes a fin de reducirlos; los proyectos financiados con fondos externos deben ejecutarse este año y manejar el presupuesto a fin de que la Tesorería General de la República certifique el financiamiento.
Para los que no cumplan con lo establecido, el Poder Legislativo aprobó la aplicación de multas que oscilarán entre 20,000 a 200,000 lempiras, las que serán impuestas por la Procuraduría General de la República (PGR) y el Tribunal Supremo de Cuentas (TSC).
