El sexto “paquetazo” fiscal de la administración de Porfirio Lobo Sosa no solo busca generar más ingresos tributarios y emitir más deuda interna, sino que legaliza varios negocios para bufetes legales, oficinas de auditorías y firmas de consultoría que operan en el país.
Así lo establecen conclusiones de profesionales en materia tributaria consultados por
EL HERALDO
sobre el contenido de la ley de racionalización de exoneraciones fiscales y control del gasto público para el fortalecimiento de las finanzas públicas, la que ya está en poder del Congreso Nacional.
La nueva reforma fiscal preparada por la Secretaría de Finanzas ha generado un fuerte debate en el país por la aprobación de nuevos impuestos, contrario al discurso que ha venido pronunciando el presidente de la República.
Además, en el contenido del “paquetazo” figuran algunos artículos que redactados entre líneas significan jugosos negocios para personajes cercanos al gobierno de turno.
Las autoridades del Congreso Nacional han anunciado que el próximo lunes comienza la discusión del sexto “paquetazo” y que, como todos los anteriores, generará una fuerte controversia al interior del Poder Legislativo por la intención de eliminar algunas exoneraciones que terminarán impactando en el costo de vida del hondureño.
Millonarios negocios
Un nuevo negocio para las oficinas contables es la elaboración del dictamen o informe fiscal, el que deberá ser preparado por un licenciado en Contaduría Pública o Perito Mercantil colegiado, así como por una firma auditora reconocida.
El costo mínimo del dictamen puede oscilar entre 5,000 y 10,000 dólares.
Según el artículo 11 de la ley de racionalización de exoneraciones fiscales y control del gasto público para el fortalecimiento de las finanzas públicas, “para efectos de control y fiscalización se establece con carácter obligatorio el dictamen o informe fiscal”.
Los profesionales consultados consideran que el dictamen fiscal sustituye la labor fiscalizadora de la DEI, convirtiéndose en un lucrativo negocio para las firmas auditoras que operan en Honduras.
Otro negocio identificado por los consultados es lo contemplado en el artículo 17, el que se lee así: “Se instruye a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que elabore un plan para el mejoramiento de la gestión, transparencia y desarrollo de las finanzas públicas con fondos nacionales y externos”, lo que es igual a una consultoría más, de las que están llenos los archivos del gobierno.
Asimismo, el artículo 63 señala que: “Se faculta a las empresas públicas para que dentro del término de un año efectivo a partir de la vigencia de la presente ley procedan a efectuar el saneamiento y conciliación de las cuentas pendientes de pago por prestación de servicios, procediendo a la subrogación para la recuperación de la deuda en mora, exonerándolo del pago de multas, intereses moratorios, cargos y recargos”.
Según los expertos en materia tributaria, lo anterior significa terciarizar la cobranza, para lo cual contratarán bufetes legales para esa labor. El sexto “paquetazo” no indica si esos servicios serán contratados de manera directa o se realizará mediante licitación pública.
Los profesionales entrevistados por este rotativo coinciden en que estos artículos tienen dedicatoria y el interés del Poder Ejecutivo es favorecer a bufetes de profesionales ligados a Casa Presidencial y al Congreso Nacional.
“Firmas de abogados han amasado fortunas en los dos primeros años de gobierno y no habría que dudar que con esta ley aumentarán sus ganancias porque son un pequeño grupo de profesionales los que tienen acceso a la prestación de servicios profesionales”, subrayó un exsecretario de Finanzas.
Gobierno aprobará exoneración a constructoras
Beneficios. Mientras el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional están dispuestos a eliminar las exoneraciones que han venido gozando varios sectores de la sociedad hondureña, la nueva reforma fiscal incluye nuevos beneficios para las constructoras.
El artículo 4 de la ley de racionalización de exoneraciones fiscales y control del gasto público para el fortalecimiento de las finanzas públicas revela que:
“Los combustibles pagarán los impuestos en un 100%. Las empresas sujetas al pago del Impuesto Aporte para la Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial, y que ejecuten proyectos para el Fondo de Mantenimiento Vial, deberán pagar el 100% del impuesto a los combustibles, cuyo valor será depositado y administrado en un fideicomiso constituido en el Banco Central de Honduras, para su posterior devolución contra factura de la empresa constructora, en un periodo no mayor a 30 días hábiles”.
Las fuentes privadas consultadas por este rotativo coinciden en que está es una nueva exoneración para un sector económico.
