Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), a pesar de la fuerte inversión en los sistemas de distribución, transmisión y generación, cerrará 2025 con un fuerte deterioro en sus principales indicadores financieros. Expertos consultados coinciden que el gobierno electo el pasado 30 de noviembre “recibirá una bomba fiscal” que necesitará una serie de medidas correctivas de corto plazo.
Esas opiniones coinciden con los resultados de la última evaluación realizada por la Secretaría de Finanzas (Sefin), que corresponde a septiembre de 2025.“La ENEE continúa en una posición financiera retadora lo que impacta en sus indicadores de rentabilidad y liquidez, lo anterior, agravado por los altos niveles de endeudamiento, lo que ha derivado en atrasos en el pago de su servicio de deuda, llegando a representar más de 11% (umbral máximo 10%) de sus pasivos totales”, revela el informe de la Sefin.
Añade que los últimos indicadores muestran la realidad de la ENEE, con un bajo desempeño producto del alto nivel de pérdidas que la empresa tiene, además de los problemas de liquidez que ello implica, ya que los activos más líquidos de la empresa son insuficientes para hacer frente a los pagos de corto plazo.
Crisis en cifras
Los últimos indicadores de la ENEE no son nada halagadores. Para 2025, los ingresos programados para la estatal eléctrica suman 50,441.9 millones de lempiras, sin embargo, lo ejecutado al tercer trimestre es de 63% (L31,770.8 millones), menor que el 76% de gastos (L38,520 .3 millones).
Las cuentas por cobrar suman 16,913.2 millones de lempiras, con una leve reducción interanual de 2.4% (L17,331.1 millones).
La deuda en mora de la ENEE con acreedores financieros es de 16,645.62 millones de lempiras. Hay que agregar 16,486.9 millones de lempiras en deuda con los generadores de energía.
El déficit acumulado a septiembre de 2025 es de 87,811 millones de lempiras.
De acuerdo con la Sefin, los pasivos contingentes ascienden al 20.1% del PIB, explicado en un 53.9% por las garantías y avales que el Estado le ha otorgado de manera explícita en operaciones de crédito público y en posibles pago de contratos por el suministro de energía renovable.
