Un nuevo giro tomó ayer el conflicto por la tenencia de cuatro camaroneras propiedad del grupo estatal Hondufarms-Ibermar.
Las autoridades judiciales y policiales de la zona sur habían acordado como plazo máximo el 10 de mayo para que trabajadores y pobladores de Marcovia desalojarán las fincas Culcasa, Fincamar, Ibermar y C.W.Y.C. Camarón.
Sin embargo, Carlos Borjas, subsecretario de Finanzas y presidente del consejo de administración de Hondufarms-Ibermar, mediante una carta fechada 8 de mayo de 2012, dice que para no interrumpir el proceso de diálogo con los invasores de esos bienes nacionales se pospone la orden de desalojo.
Los grupos que tienen tomadas las cuatro fincas desde octubre de 2011 habían advertido que si procedían a desalojar
esas propiedades estarían perdiendo 12 millones de lempiras invertidos en el primer ciclo de la presente cosecha.
Propuestas
Además, Carlos Borjas dejó claro a los trabajadores y pobladores que está “dispuesto a dialogar en forma conjunta y dentro del marco legal vigente encontrar alternativas de solución a la problemática imperante en las fincas propiedad del Estado”.
En ese sentido, Hondufarms-Ibermar solo puede ser traspasada a terceros mediante el procedimiento de subasta pública, arrendamiento con opción a compra y por la creación de alianzas público-privadas.
Además de los trabajadores y pobladores, empresarios de la industria de la camaricultura han expresado interés por adquirir esos bienes nacionales.
Asimismo, diputados nacionalistas y personajes ligados al Poder Ejecutivo han venido presionando por quedarse con esos activos.
Mientras el conflicto continúa, el gobierno es el gran perdedor, ya que por la suspensión de la siembra de camarón durante el primer ciclo dejará de percibir 20 millones de lempiras en utilidades.
