Las potenciales consecuencias económicas y jurídicas generadas por un litigio judicial entre Westport Finance LLC y la ENEE deberán ser asumidas por el presidente Porfirio Lobo, sus ministros y diputados.
Este fue el criterio expresado por el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Adolfo Facussé, en el marco de una reunión efectuada ayer para discutir la crisis por la cual transita la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la imposición de nuevos tributos, las expropiaciones y las invasiones en el agro.
Facussé señaló al presidente Lobo, al Consejo de Ministros y a los diputados que votaron a favor del contrato de generación de 100 megavatios de ser los responsables de adquirir un problema legal que le puede costar millones de dólares al pueblo hondureño.
En noviembre de 2011, el secretario de Recursos Naturales, Rigoberto Cuéllar, elevó al Congreso el convenio con vigencia de 16 años; fue defendido días después por el entonces gerente de la ENEE, Roberto Martínez Lozano, en el pleno legislativo, donde fue aprobado por mayoría simple.
El convenio estipulaba que debido a la declaratoria de una emergencia energética en el occidente del país, en Olancho y el Bajo Aguán, Westport debía generar con plantas diésel 50 megas en un plazo de 60 días transcurridos a la fecha de aprobación del convenio. Un año después entraría en operación plantas alimentadas con gas natural licuado para aportar 100 megas.
Advertencia
Facussé expresó que hasta donde tienen conocimiento, la firma Westport aduce que la Secretaría de Finanzas obvió entregarles un apoyo mediante el cual se comprometía a honrar el pago de la energía generada, en caso de que la ENEE incumpliera el convenio.
“El entonces secretario de Finanzas, William Chong, es un hombre responsable y muy inteligente, me imagino que no emitió este documento porque esta empresa no tiene a donde caerse muerta y tampoco la capacidad financiera para generar los 100 megavatios”, dijo.
Westport, por su parte, también incumplió el convenio porque aún no genera un kilovatio y tampoco entregó una garantía de cumplimiento. Para Facussé, el exgerente de la ENEE “efectuó su tarea y quedó muy bien con Westport al convencer a los diputados de que era necesario aprobar el referido convenio por un plazo de 15 años”.
“Los periodistas deben preguntarle a don Roberto Martínez si recibió o recibirá una compensación por su esfuerzo con la aprobación de este convenio”, indicó.
Por su parte el actual gerente de la ENEE, Emil Hawit, expresó que ambas partes pueden recurrir a la instancia judicial para dirimir el destino de este contrato, si así lo estiman conveniente.
El funcionario reiteró que desconoce si ya expiró el plazo de 60 días establecido para que Westport presente o subsane una serie de incumplimientos.
