TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las alarmas de los protectores del ambiente se encendieron de nuevo con el pronunciamiento favorable que dio una comisión especial del Congreso Nacional sobre el proyecto residencial Bosques de Santa María en la zona de La Tigra.
Ante esta situación, diferentes sectores comenzaron a mostrar su malestar y posición en contra del informe elaborado.
Las autoridades de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (Arcah), informaron que se tomarán acciones de inmediato para detener cualquier intención de reactivar la polémica obra.
“No solo estamos preparando acciones de protesta, sino que también demandas internacionales contra los implicados que emitieron permisos y licencias ambientales. La presentaremos ante el Tribunal Latinoamericano de Agua”, informó Christopher Castillo, coordinador general de Arcah.
Además, se planea para hoy la realización de un plantón frente al Poder Legislativo para impugnar el dictamen técnico de la comisión.
“Tenemos claro que se debe cancelar el proyecto, nunca estuvimos de acuerdo que se formara una comisión. Muchas organizaciones no fuimos consultadas. Esto solo da un apoyo más de poder para justificar la construcción de ese proyecto”, agregó Castillo.
Por su parte, la ambientalista Dolores Valenzuela tiene claro que lo presentado por un grupo de diputados no es un informe vinculante.“Esto no decide si continúa o no el proyecto, pero les da un espaldarazo de tipo político como lo esperábamos”, enfatizó.
Vecinos de La Tigra
Entretanto, las autoridades de la Comisión Prodefensa de Comunidades de La Tigra lamentaron la posición que asumió la comisión del Legislativo.
“Nos reunimos con la comisión y presentamos toda la documentación. Si bien es cierto que solo una parte de Bosques de Santa María está dentro de la zona de amortiguamiento, las zonas aledañas al parque sin duda tendrán un impacto negativo”, manifestó Tatiana Lara, integrante de la Comisión Prodefensa de Comunidades de La Tigra.
La entrevistada manifestó que están a la espera de investigación que realiza la Fiscalía del Ambiente.
“La Fiscalía es quien tiene la autoridad legal para determinar si se cancela el proyecto, al igual que el alcalde, Nasry Asfura”, dijo.
Sin embargo, en el Ministerio Público (MP) dicen que solo se manifestarán sobre este tema cuando se finalice el proceso de investigación, el cual inició desde septiembre pasado y no ha presentado de manera oficial ningún avance.
El contenido del informe
La tarde del martes, en el pleno del Congreso Nacional se presentó un documento de 35 páginas que no fue leído en su totalidad, dejando unas 20 páginas por fuera de lectura.
El informe detalla mediante antecedentes los límites de La Tigra y el espacio que abarca la construcción del proyecto.
Además plasma las reuniones que se tuvieron con las diferentes instituciones involucradas, las que expresaron que todos los documentos están en regla.
El documento finaliza con 13 recomendaciones en las que se destaca la número 6 que indica que “a juicio de esta Comisión, los urbanizadores han cumplido con el proceso administrativo para la obtención de las licencias y permisos para realizar las actividades que se han desarrollado hasta este momento”.
Los desarrolladores mantienen su posición de que no se está afectando el área protegida.
“Estamos en la disposición de reunirnos con los opositores para aclarar dudas y esperamos el informe de la fiscalía”, expresó Roberto Galeano, gerente de desarrollo del proyecto.
06.03.2020
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