Será hasta finales del próximo año cuando se sabrá si el país logra alcanzar o no un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que le permitiría al gobierno actual acceder a recursos financieros frescos, y con ellos hacerle frente a la grave crisis que Honduras y su población enfrentan.
Entre tanto, a su regreso a Washington la misión técnica continuará verificando la situación económica y social durante este año, evaluándose las perspectivas de corto y mediano plazo, que están lejos de ser halagüeñas.
Antes de marcharse, el equipo técnico fondomonetarista dejó claro que se exigen nuevas condicionalidades o “medidas adicionales”, pese a que la actual Administración ha implementado ocho “paquetazos” -cifra récord-, que buscan recaudar más ingresos al fisco a costa de sacrificios adicionales de los sectores de menores ingresos y de la clase media.
Del lado positivo, el FMI reconoce el logro gubernamental de mantener el nivel de inflación en menos del 6%, monto que aún es controlable, pero no otorga igual criterio positivo a la contención del gasto corriente y a los niveles de endeudamiento, ambos alarmantes, al punto que el Ejecutivo intenta colocar bonos “soberanos” en el exterior, con pago de intereses en dólares y/o euros.
Por su parte, los prestamistas internos reclaman mayores tasas de interés ante la sospecha justificada de que el gobierno no cuenta con suficientes recursos como para honrar, en tiempo y forma, los compromisos contraídos.
Es pertinente preguntarse: ¿en qué se ha invertido el gasto corriente cada vez más elevado? La respuesta es que en el pago de sueldos y salarios, dietas y viáticos, en tanto la inversión pública en salud e infraestructura ha disminuido notoriamente.
En opinión del Fosdeh, “lo que no parece advertir el Fondo es la dimensión de la complejidad y fragilidad económica-social del país. Las condicionalidades impuestas únicamente se realizan en el ámbito macroeconómico, especialmente en el área de mejora en la recaudación tributaria y de control del gasto, dejando por fuera el impacto a nivel microeconómico, el que tiene que ver con la economía de los hogares, de la pequeña y mediana empresa y con la urgente necesidad de realizar acciones que aumenten la productividad y por ende los ingresos del país”.
Por su parte, el presidente del Colegio de Economistas, Roldán Duarte, advierte que el último paquete fiscal aprobado por el gobierno pone en riesgo la economía del país.
Sin duda, perspectivas sombrías.
