Justicia. Emitió sentencia declarando la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la violación de las garantías judiciales, los principios de legalidad e independencia judicial, así como los derechos políticos, a la protección judicial, a la estabilidad laboral y a la integridad personal de tres magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la CSJ en 2012.
