La protección del bosque y de la biodiversidad en general nunca ha sido exitosa en Honduras ni antes con la Cohdefor ni ahora con el Instituto de Conservación Forestal (ICF). Al contrario, como en el resto de la “maldita burocracia”, siempre ha imperado la politiquería, el compadrazgo, el favoritismo, el oportunismo, la connivencia, la displicencia, la complicidad con los propios depredadores, la corrupción en sus más diversas formas.
Por eso, cuando se da a conocer que el voraz incendio del pasado viernes, que consumió las instalaciones centrales de esa institución en Comayagüela, destruyó el 100% de los archivos físicos y digitales, se tiene la certeza que allí desaparecieron 30 años de historia, convirtiéndose en cenizas toda la documentación en la que futuros investigadores pudieron haber trabajado para saber cómo es que tanto dinero se ha despilfarrado en esa entidad, mientras los recursos naturales están cada vez más diezmados, incluso en áreas especialmente protegidas como la misma Biosfera del Río Plátano.
El hecho de que el incendio se produzca una semana después de que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) anunciara una auditoría en el ICF, hace que el inicial sentimiento de pérdida se torne en suspicacia. Y no es que se dude de alguien o de algún caso en particular; es que había tanta información allí, sobre el manejo de los fondos públicos, pero también sobre distintos casos de depredación y tráfico de madera.
Es necesario, entonces, que las autoridades correspondientes, comenzando por el Cuerpo de Bomberos, realicen una exhaustiva investigación sobre las verdaderas causas y circunstancias en que se produjo esta conflagración.
Incluso, el estado de emergencia decretado en Consejo de Ministros, después del siniestro en el ICF debe ser bien vigilado por el TSC, pues si bien puede resultar necesario para reiniciar las pocas actividades positivas y eficientes de dicha entidad, también puede facilitar actos de corrupción en la contratación directa de bienes y servicios.
Ya en el pasado se han producido pérdidas similares, como cuando un incendio provocado destruyó un edificio financiero de la alcaldía capitalina. Así es que debe investigarse mejor, y dar a conocer públicamente los resultados, además de adoptarse medidas para que existan siempre copias a buen resguardo de los documentos públicos que faciliten el trabajo para los historiadores e investigadores.
