El jurado declaró culpable al expresidente Juan Orlando Hernández y lo cierto es que ha quedado en evidencia el acceso al poder y su manipulación para fines ilícitos, dolosos, al igual que el enriquecimiento personal y grupal vía tráfico de drogas y lavado de activos derivados de tal actividad criminal, en perjuicio directo de la salud de miles de personas, nacionales y extranjeras, además del asesinato de decenas de ciudadanos, todo ello con total impunidad.
Para tales nefastos propósitos se construyeron redes de participantes infiltrados en puestos claves de la administración pública, la Policía, las Fuerzas Armadas, los poderes Judicial y Legislativo, Fiscalía, partidos políticos, alcaldes, empresarios, en manifiesta captura del Estado para fines delictivos, transformándolo en un narcoestado.
Múltiples lecciones se derivan de este sórdido e infamante caso: el urgente saneamiento de la actual institucionalidad, socavada desde adentro por quienes, carentes de escrúpulos morales y éticos, la han dañado severamente, con la participación activa de hombres y mujeres, de cuello blanco como cabecillas de la conspiración, aliados con el crimen organizado local e internacional.
El acelerado empobrecimiento de nuestros compatriotas, los desplazamientos internos y éxodos hacia el exterior están directamente vinculados con la inseguridad y violencia prevalecientes, despojándolos, en violación de derechos humanos básicos, de cualquier posibilidad de un futuro esperanzador.
Es todo un sistema el que debe ser radicalmente transformado: sus tentáculos están incrustados en distintos niveles de la estructura social, política, económica, lo que obliga a un esfuerzo colectivo y sistemático para cortar de raíz su control, iniciando labor permanente de vigilancia, erradicación y reconstrucción. De por medio está la existencia misma de la nación hondureña.
