Para nadie es desconocido que el sistema educativo de Honduras atraviesa actualmente una de sus peores crisis y que la pandemia del covid-19 no solo desnudó las debilidades, los problemas que se arrastraban históricamente, sino que destruyó lo poco que se había logrado, principalmente en temas de cobertura y calidad de la educación.
La situación es tan alarmante que al mes de junio de 2022, tras dos años de pandemia, solo el 60% de los niños, niñas y jóvenes en edad escolar estaban matriculados y el 30% de los centros educativos seguían cerrados, según constató un estudio del organismo privado ASJ.
Otro grave problema, del cual suele hablarse siempre a finales del año académico, es el de la reprobación, cuyos índices estuvieron al alza en los dos años de pandemia, al pasar de 45,853 en 2020 a 78,138 en 2021, siendo los departamentos de Francisco Morazán y Cortés los que más estudiantes aportan a la lista, según el análisis que hizo de las cifras oficiales la unidad de Datos de EL HERALDO Plus.
Las cifras son escalofriantes y dejan claro que como país no estamos haciendo las cosas bien y que debemos replantear las estrategias para asegurar a esta población su derecho constitucional a la educación.
La sociedad hondureña en su conjunto tiene que involucrarse en el problema para asegurar que estos estudiantes, que por diversas causas, pero que generalmente están ligadas a la pobreza en la que nacieron y viven, vuelvan a la escuela, que retomen el camino de la educación, y, asegurar además, que la educación que reciban les dará las competencias necesarias para ser personas útiles para la sociedad en todos los campos del quehacer humano.
No hacerlo es condenarlos a seguir viviendo en los círculos de pobreza en los que nacieron. No los aplacemos también con nuestra indiferencia.
