El estado de Florida puso en vigor el sábado anterior una de las más estrictas legislaciones contra la inmigración ilegal, promulgada por el gobernador y aspirante a la candidatura presidencial del Partido Republicano Ron DeSantis.
La normativa impone penas y castigos severos para las personas con un estatus irregular y para quienes los contraten o los transporten hacia el estado, incluso, restringe la dotación de los servicios de salud a los indocumentados.
Esta es una de las leyes más crueles y dramáticas en contra de millones de indocumentados que van a Estados Unidos en busca del mal llamado “sueño americano” a trabajar, en muchas ocasiones, en condiciones deplorables, y quienes, con ese trabajo mal pagado, mantienen a flote la economía de Florida -que de paso está decir es una de las más pujantes de los Estados Unidos- y la de Honduras, su país natal, con sus remesas.
Por ello se considera que el impacto de la nueva legislación también será fuerte para la economía del estado, una vez que se vea reducida la disponibilidad de mano de obra.Se calcula que en Florida viven por lo menos 200,000 hondureños (según cifras de organizaciones de inmigrantes en Estados Unidos), aunque no hay cifras de cuántos están residiendo ilegalmente.
Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que, al igual que personas de otras nacionalidades, ya son muchos los migrantes hondureños que huyeron hacia otros estados para evitar ser deportados, y muchos más los que están escondidos en sus hogares.
Los gobiernos centroamericanos, y especialmente el de Honduras, no pueden quedarse de brazos cruzados, sino que deben buscar mecanismos de apoyo a sus conciudadanos, aunque la tarea pendiente que tienen en sus manos sigue siendo la misma que no se ha hecho desde hace años en el país: construir las condiciones de seguridad y de empleo, principalmente, para asegurar que las y los hondureños tendrán en la patria que les vio nacer las oportunidades para crecer personalmente y junto a sus familias.
