La comisión tripartita instalada a principios de este año para la negociación y fijación de un nuevo salario mínimo para los trabajadores no ha logrado en casi seis meses un acercamiento sobre el tema, y, más bien, han dejado en manos del gobierno la decisión del ansiado ajuste.
Las posiciones de los empresarios y los trabajadores son encontradas y parecen irreconciliables.
El sector empresarial pide no aplicar un aumento generalizado, pero los representantes de los obreros dicen que el aumento debe ser general.
Sin duda que esta negociación se ha dado en un contexto nada común, marcado por los efectos de la pandemia de covid-19 y de los huracanes Eta y Iota que en noviembre del año pasado golpearon fuertemente al sector productivo e industrial.
Las consecuencias son palpables y se miden en el cierre de empresas, la reducción, suspensión y despido de empleados. A finales de 2020, estudios del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportaban más de 447,000 personas en desempleo abierto y más de 155,000 trabajadores suspendidos, mientras que un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras señalaba, además, que el subempleo afectó a siete de cada diez trabajadores ocupados, incidiendo negativamente en sus ingresos.
La situación es grave, tanto para empresarios como para trabajadores, lo que obliga al gobierno a abrir caminos que acerquen las posiciones de ambos sectores, antes de tomar decisiones unilaterales, aunque la ley se lo permita.
Mantener el equilibrio y las buenas relaciones entre las principales fuerzas del trabajo es prioritario para que el país comience a definir su camino hacia la recuperación económica, tan necesaria para superar los alarmantes índices de pobreza que agobian a más del 50% de la población.
