Honduras está cerca de cerrar uno de los años escolares más dramáticos de su historia.
Según las proyecciones del Ministerio de Educación, 105,971 niños y niñas abandonaron la escuela este año por la pandemia, que ha orillado a miles de familias a vivir en condiciones extremas de pobreza por haber perdido sus empleos o fuentes de ingreso. Los análisis de las autoridades educativas señalan, además, que son muchos los niños y niñas que han dejado la escuela para unirse solos o junto a sus familias a las caravanas de migrantes que se han formado para ir a los Estados Unidos con la expectativa de mejorar sus condiciones de vida.
La deserción escolar es solo uno de los reflejos de la inequidad del sistema educativo nacional, que también dejó afuera a unos 310,000 niños, niñas y jóvenes por carecer de acceso al internet y las plataformas tecnológicas que se han usado a lo largo de la pandemia para mantener el sistema.
A estas alturas del año escolar, lo único que se tiene claro es que los estudiantes no regresarán a clases presenciales, pero no se conocen las estrategias que se aplicarán para cerrar el mismo.
El dirigente magisterial Edwin Hernández ha propuesto un sistema de evaluación que permita identificar los vacíos que presentan los estudiantes para implementar acciones remediales a fin de fortalecer las competencias necesarias para la vida. Y esta es solo una de las aristas que obligan a las autoridades a no quedarse de brazos cruzados e identificar de inmediato las acciones necesarias para delinear estrategias que garanticen el derecho a la educación de la niñez y la juventud hondureña.
No hacerlo representaría un grave retroceso para un país que urge reducir sus brechas sociales y sus alarmantes índices de pobreza, lo que solo logrará garantizando el acceso a los servicios educativos a todos sus ciudadanos, sin olvidar que esos servicios educativos tienen que ser de calidad.
