El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) fue fundado por el gobierno de José Figueres en 1949 para proteger los derechos de soberanía nacional en el área de explotación de recursos hidroeléctricos, estratégicos para el Estado.
En 1963 se le asignó un nuevo objetivo: establecer y operar servicios de comunicaciones telefónicas y radiotelegráficas, y dos años después se lo constituyó como grupo de empresas estatales que integraba, además de los citados, al sector radiográfico (RACSA) que hoy provee Internet gratis a escuelas e imprime las guías telefónicas oficiales. El
Estado precisó sus fines con “clara orientación hacia el cliente, con los mejores y más innovadores productos y servicios, con menos recursos y en el menor tiempo posible”.
El servicio eléctrico público de San José fue inaugurado en 1884, el de Tegucigalpa en 1892. Pero como había atención deficiente, en 1923 un grupo de costarricenses organizó la Liga Cívica para “defender los intereses del país frente a la poca inversión, mal servicio y prepotencia de las empresas extranjeras”, y en 1945 una asociación para la defensa del consumidor eléctrico, algo que aún no existe en Honduras.
Tras ser fundado el ICE adopta una actitud agresiva de salvaguarda y defensa de los bosques. “Conserva y defiende los recursos hidráulicos mediante protección de cuencas, fuentes, cauces de ríos y corrientes de agua”.
A pesar de tener similares objetivos, ENEE y Hondutel jamás se interesaron a conciencia en esa materia, y mucho menos cumplieron lo que el ICE definió como su función esencial y que igual correspondía a Hondutel: seguir severas políticas de “buena organización, alta capacidad técnica, administrativa y financiera”.
Como resultado, al concluir 2008, ICE operaba 803,000 líneas fijas (20.41% por cada cien habitantes), uno de los índices más altos en Latinoamérica, mientras que Hondutel tenía solo 297,000 líneas fijas (4.94%/100 habs.); en 2010 ICE contaba con 22,000 teléfonos públicos; se supone que Hondutel ofrece hoy (dato no obtenido) un máximo de 2,500 teléfonos de calle, y mientras que ICE funciona con un presupuesto anual de US$. 3,550 millones y con 14,000 obreros y técnicos directos, Hondutel labora, para los mismos fines, con US$.
150 millones y unos 4,000 subordinados fijos. Eso sin analizar los beneficios, privilegios y canonjías instituidos por Hondutel mediante salarios, bonificaciones y contratos, algo parecido a los disfrutados en la compañía PDVSA venezolana previo a Chávez, cuyos despilfarros y abusos generaron leyenda, el gerente celebraba cumpleaños en París, acompañado de la planilla superior, a costa del erario.
O sea que destacan dos monumentos en el servicio de la telefonía centroamericana. El costarricense que, sin ser perfecto, mostró durante décadas y hasta hoy que sí es posible que existan e incluso crezcan las empresas estatalmente dirigidas y que en éstas puede hacerse imperar prácticas permanentes de ética, inteligencia y buena administración.
Y el túmulo hondureño, que se tornó epítome, compendio histórico de ineficiencia, clientelismo y corrupción, y en cuya cabeza se instaló a individuos técnicamente ignorantes del ramo, quienes por ende la llevarían a la destrucción, que fue sin duda lo que se buscó y consiguió.
Recuérdese que por largos períodos Hondutel fue cubil de militares deshonestos y que el neoliberalismo bipartidista la incapacitó, intencionalmente, para actuar o competir dentro del mercado de telefonía móvil.
En 1999 los ticos salieron airados a la calle (270 manifestaciones en siete meses) para impedir el proyecto socialdemócrata, respaldado por demócrata-cristianos, de privatizar al ICE, y revirtieron la intención. Con tal refuerzo cívico el organismo progresó, a tal escala que en 2013 cerró sin números rojos y programa que sus ingresos por telecomunicaciones asciendan, entre 2014 y 2019, a US$. 8,000 millones. Modelo empresarial estatal.
Hondutel, hoy trucidada para rematarla a pedazos, encierra la amenazante lección de que si un pueblo es incapaz para defender sus derechos y propiedades, quizás tampoco los merece.
