La aprehensión que genera lo público en Honduras, invisibiliza prioridades para el buen funcionamiento de la institucionalidad. Por ende, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por intangibles, las reformas electorales no concitan el compromiso de las mayorías, de ahí que, en quienes sí debamos asumir la responsabilidad de visibilizarlas para beneficio general.
La necesidad de reformar la Carta Magna y la Ley Electoral para tener elecciones separadas para la presidencia de la República como para diputaciones y alcaldías, incidiría en la defensa y arraigo de uno de los cuatro pilares en que descansa el Estado de derecho, la separación de poderes. Diluiría la posibilidad de concentrar el poder, más que en un poder del Estado, en una sola persona, quien ostente la presidencia de la República.
La amenaza casi estructural, de fraudes electorales, se reduciría, al fijar la atención y más recursos, tiempo y dinero, en menor número de elecciones. En adición, a que cada nivel electoral tendría que comprometerse más con el electorado, los otros niveles no tendrían que cargar con la pesada carga de todo tipo que les generan las candidaturas presidenciales al someterse al escrutinio popular en el mismo día.
Habría mayor transparencia, no solo en el conteo de votos, sino en las propuestas de los candidatos. Los votantes dispondrían de mayor información sobre candidaturas y sus planes. Elegirían mejor y podrían exigir con mayor acierto su cumplimiento. Las elecciones en fechas separadas fomentan mayor participación de la ciudadanía.
El interés en votar se ve motivado al disponerse de la oportunidad de conocer sin distracciones del presidencialismo, los programas que ofrecen los candidatos a alcaldes y diputados. Tendríamos gobiernos más representativos al tener una democracia más fortalecida. Y ello deberá incidir en mayor calidad de vida para el pueblo hondureño. A nuestros mandatarios en el Congreso Nacional, exigimos la pronta aprobación de las reformas electorales
