Honduras siempre ha sido una tierra fértil para el dolor, la injusticia y la represión; una tierra que donde cae la bala, aflora la impunidad y la tristeza.
Aquí el compromiso de los defensores sociales es permeado persistentemente por enjambres de represión y violencia a manos de un sistema corrupto cooptado por grupos de poder.
El crimen, la discriminación y la intimidación son actos “normales” en estas democracias de apariencias, comprimida en una urna para falsificar la Honduras que idealizamos.
El punto más álgido de estas transgresiones se cosecha sobre un conflicto en la zona del Bajo Aguán, donde los campesinos cultivaban miles de hectáreas mediante el arriendo a terratenientes. El problema se desata desde los inicios del 2008 y se incrementó luego del Golpe de Estado en el 2009.
Los campesinos se organizaron en el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA). Desde entonces, han sido asesinadas ciento veintiocho personas; de ellas, noventa son campesinos, catorce guardias privados, siete empresarios, un militar y un policía.
Hasta hoy, nadie conoce a detalle cómo detener tanta sangre, tampoco nadie quiere saberlo, y los que han gobernado, nunca les ha interesado saber el sabor de la tierra fermentada con tanto dolor, pues, como siempre, se tiene que gritar desde fuera del país para que escuchen los que sostienen el poder político.La mismísima Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) ha manifestado su preocupación por el incremento de los asesinatos de campesinos en la zona, que haya un escenario de luchas por un justo reparto de la tierra; además, pidió que se investiguen esas y otras violaciones de derechos humanos.
En un comunicado, la oficina recordó el primer aniversario del acuerdo entre el Gobierno, la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) para abordar las causas estructurales del conflicto entre campesinos y terratenientes en esa región.El Gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada, instó al Gobierno de Honduras a proteger la vida de los activistas campesinos y defensores ambientalistas ante los recientes asesinatos.
Solo en los primeros cuarenta y cuatro días del 2023 son once los líderes ambientalistas que han sido asesinados en diferentes puntos del país. Un momento aciago para los líderes sociales que están siendo acribillados por las balas impunes y la insensible actitud del Estado.Hemos tenido un Estado cómplice que siempre ha criminalizado al campesinado, a las personas defensoras de derechos humanos, los ambientalistas y los defensores de la verdad para mantener los intereses clasistas de un sector económico y político.
Contra esa élite inicia la reforma agraria en 1962, justo después de la huelga general de 1954, donde los conflictos agrarios se multiplicaron en la costa norte, donde la organización sindical obrera fue trascendental en la historia de Honduras y donde se promulgó la Ley de Reforma Agraria, toda una época dorada de los 70 que vivió el campesinado.
Desde ese momento, los gobiernos de la época estructuraron organizaciones campesinas como mecanismos de control social hacia las actividades que ponen en peligro al sistema y hasta hoy han mantenido alzada la bandera de la reforma agraria como un derecho humano, pero todos la han usado para limpiar sus lujurias de poder cuando han optado por el brazo de hierro en respuesta represiva y de desalojo forzado, criminalizando y vulnerando los derechos humanos del sector campesino y de la mujer rural, condenando a la miseria total a las comunidades indígenas y afrohondureñas, como si les estorbara la vida a los propietarios del poder que los hacen sangrar hasta el último puñado de tierra que nunca les perteneció.
