La cúpula de la empresa privada agrupada en el Cohep dio a conocer recientemente el denominado Pacto por el Empleo en el que manifiesta sus preocupaciones y propuestas generales sobre las posibles soluciones a los problemas del mercado de trabajo en Honduras. En primer lugar, es justo reconocer la iniciativa y determinación empresarial en colocar nuevamente este crucial tema en la palestra pública. Frecuentemente nos diluimos en temas baladíes.
El diagnóstico del problema está claro. Honduras sufre un gravísimo problema de subutilización de la fuerza de trabajo. Más de 300 mil personas en situación de desempleo abierto; 2.5 millones que se consideran ocupados pero que están en subempleo visible y, con mayor gravedad el invisible, es decir, con ingresos menores al pírrico salario mínimo. Todo esto en un contexto de una población económicamente activa (ocupados más desocupados) que viene desmoronándose desde unos 4.3 millones en 2018 a 3.9 millones en 2022. Muy bien lo describe el Cohep: “Aunque la población (total) sigue en aumento, la fuerza laboral ha mostrado un declive”. El gobierno, organizaciones laborales, academia y organismos internacionales también lo saben. Estamos de acuerdo en el diagnóstico del paciente; ¿lo estamos también en su tratamiento? Con ese diagnóstico, ¿podemos detener ese peligroso “pronostico” de mayor crisis? La evidencia empírica nos dice que en Honduras, generalmente no tenemos dificultades para diagnosticar los problemas; literalmente, estamos llenos de estudios e informes sobre el desempleo, pobreza, desigualdad, subdesarrollo y distintos rezagos. El INE es rico en datos. En economía y administración decimos que “un problema bien planteado está medio resuelto”. Nos hace falta ponernos de acuerdo en las soluciones prácticas y ejecutarlas, cada sector cumpliendo con sus deberes. Esta propuesta de la empresa privada puede ser un nuevo punto de partida. Habiendo sido asesor económico de varias organizaciones laborales, me alegra que los voceros de los empleadores ya no utilicen el argumento de que “no podemos aumentar el salario mínimo porque eso aumentaría el desempleo”. Durante la campaña electoral, el plan de gobierno de la presidenta colocó como tema prioritario la búsqueda del “pleno empleo” y en línea con esa afirmación, agrega: “Las oportunidades de trabajo serán una prioridad del Estado, especialmente el trabajo para los jóvenes” (pág. 26). En el caso de las organizaciones sindicales, tiene que haber un replanteamiento luchando por los derechos, no solamente de los empleados, sino también, por las aspiraciones de esa masa de desempleados y subempleados.
En un artículo previo (El Heraldo, miércoles 26 de abril, 2023), planteamos, que temas como el empleo por hora deben analizarse en el contexto de la situación del empleo, en sus reales y múltiples dimensiones. Más allá de los términos “legales” está la sustancia de los problemas económicos, sociales y políticos, con sus expresiones jurídicas derivadas. Los problemas del mercado de trabajo no se resuelven con la derogación de leyes. Debe contarse con verdaderas políticas económicas y publicas que se enfoquen en crear y mejorar las condiciones para la creación de empleos con la mayor calidad posible en empresas de diferente tamaño, grandes, medianas, pequeñas y micro. Políticas, programas y proyectos productivos en los diferentes segmentos laborales como los cuatro conocidos: sector moderno urbano; sector informal urbano; sector rural moderno y; sector rural tradicional. Los empresarios también están preocupados e interesados en contrarrestar la creciente informalidad urbana y rural que se traduce en la precarización de los empleos en una economía capitalista con profundos rezagos. Entonces, pactemos
