Cuando caímos en cuenta de que el sistema político electoral no llenaba las expectativas ciudadanas es que se comenzó a pensar en reformas electorales. Se tomaba conciencia de que las disposiciones legales vigentes eran insuficientes para garantizar que los resultados declarados por el Tribunal Supremo Electoral, por entonces, reflejaran la decisión del electorado. Había que asegurar que se respetara el voto.
Se culpaba a la democracia de las disfunciones económicas y sociales de lo que ha sido y es culpa de los tomadores de las decisiones nacionales y de quienes los elegimos, los votantes. Alrededor de 20 años. En las Mesas Electorales Receptoras (MER) se cometía fraude, se distorsionaba la voluntad popular manifiesta en las urnas y los votos llegaron a valer lo que determinaba el patrón de los activistas que controlaban a sus integrantes. Y llegaron a asumir cargos de elección popular, personas que no habían sido electas.
El delito electoral se vio espoleado en las siguientes elecciones, primarias y generales, al imponerse la impunidad y no ser castigados. Así, reconocidos delincuentes electorales, unos, prominentes figuras políticas, autodirigidos dueños de los partidos mayoritarios, continuaron siendo influyentes.
El fraude electoral ha sido apreciado como buenos servicios que ameritan ser premiados. Y le han hasta celebrado como una de sus tantas gracias, a algún expresidente del Poder Ejecutivo, su reconocimiento de haber ganado con trampa. Otros fueron gratificados como ministros y embajadores y otros cargos. Se arraigó la cultura del fraude electoral. Entonces empieza a demandarse la ciudadanización de las mesas electorales. Para transparentar su labor. Esta reforma, como otras, son promovidas a través del tiempo por diferentes personas, naturales y jurídicas, iniciativa que ahora es impulsada con gran compromiso por el Consejo Ciudadano Electoral del Movimiento Patria. Diputadas y diputados, Honduras requiere con urgencia, ¡las reformas electorales!
