La semana pasada la Conferencia Episcopal Hondureña (CEH) emitió un comunicado a la ciudadanía, en el cual hace un llamado urgente a la clase política de nuestro país, invitándole a unirse al diálogo y a escuchar las voces del pueblo hondureño, así como otros temas que son de interés nacional dada la coyuntura en que estamos inmersos.
En primer lugar, la CEH hace conciencia en la clase política en el sentido de que, a pesar de haber transcurrido seis meses de las elecciones generales de noviembre pasado, la crisis de credibilidad y de confianza en las instituciones, así como la polarización entre la ciudadanía, no han sido superadas.
En realidad con los sucesos recientes relacionados con la Maccih y las actuaciones de algunos poderes del Estado, más bien la insatisfacción se ha acrecentado.
Se hace énfasis en que la desmedida ambición de poder de parte de unos cuantos actores impide que en el país se desarrolle un diálogo amplio y fructífero que pueda ayudar a evitar las continuas crisis políticas que han sido características de los últimos años, y además identificar y enfrentar los retos que como país tenemos para lograr un crecimiento económico y social, alto, sostenido y equitativo.
No puede haber un diálogo si no se llega a acuerdos sobre la agenda y los participantes no actúan de buena fe, teniendo como objetivo el bienestar general y dejando por fuera las ambiciones políticas.
En forma enérgica se toca el tema de la reelección presidencial y los cuestionamientos sobre la inconstitucionalidad de la misma de parte de un amplio sector de la población, enfatizando que la única forma de legalizarla es utilizando los instrumentos que el ordenamiento jurídico y la democracia lo permiten, es decir consultando al pueblo mediante el plebiscito y el referéndum.
Se exige a la clase política respetar la Constitución en lugar de violarla y acomodarla a sus mezquinos intereses particulares y no debilitarla con leyes, decretos y sentencias diseñadas para proteger y garantizar impunidad a personas señaladas por corrupción.
Sobre el tema de la reelección, recientemente se ha presentado por parte del Poder Ejecutivo un proyecto de Ley para que el Congreso reglamente la misma. En nuestro criterio, este es un camino equivocado y que más bien puede conducir a mayor polarización y violencia.
Si una gran parte de la población rechaza la forma en que se habilitó la reelección mediante una sentencia de una Sala de lo Constitucional que interpretó artículos pétreos, la única forma de legitimarla es mediante la consulta popular y que sea el pueblo el que decida si se acepta y sus términos, si es de forma continua o alterna. No se puede reglamentar algo que para muchos hondureños nació con un estigma de legitimidad.
La CEH reafirma su firme voluntad de luchar contra la corrupción y por extensión contra los corruptos que han convertidlo al país en su hacienda particular, en un Estado al que pueden saquear cuantas veces quieran.
Reiteran e invitan a la ciudadanía a defender las actuaciones de la Maccih, del Ministerio Público y de la Ufecic, instituciones que han estado bajo un ataque frontal de parte de un grupo de corruptos que, valiéndose de sus posiciones en las instituciones del Estado, han promovido decretos y sentencias que les permitan seguir saqueando las arcas públicas, manteniendo su manto de impunidad.
Se invita a la población a no dejarse obnubilar por cantos de sirena, con iniciativas superficiales que solo buscan distraer la atención del pueblo. Y a propósito de esto, casi con seguridad que muchos de los que integran este grupo de corruptos están esperando con ansiedad el inicio del próximo campeonato mundial de fútbol, porque de esa forma habrá entretención de la grande para una gran mayoría de los amantes de este deporte.
En su lugar, debemos aprovechar este receso deportivo para analizar la situación, definir acciones que conduzcan a identificar y resolver los problemas estructurales y coyunturales que nos afectan, tanto desde el punto de vista económico-social como político, y estar listos para iniciar un diálogo constructivo y esperanzador para muchas familias que solo anhelan seguridad, educación para sus hijos, servicios eficientes de salud, un empleo que les permita tener un ingreso digno y un uso transparente y honesto de los recursos públicos.
