En 1870 Honduras disponía de escasos médicos, por lo que el presidente José María Medina activa el Protomedicato, tribunal de la Colonia que supervisaba a cirujanos, boticarios, parteras, y que procuraba controlar la viruela y el aseo de calles. Hasta allí llegaba la preocupación estatal por la salud de los súbditos, dejando a voluntad de la iglesia el alivio de males y enfermedades.
En 1880 Marco A. Soto ordena construir el Hospital General en Tegucigalpa, manejado por Juntas de Beneficencia y Caridad, previéndose otros en los departamentos, así como en 1882 se crea la Facultad de Medicina. Por primera vez Soto busca beneficiar a la población enferma aunque con débil presupuesto, sin galenos y con distancias que dificultaban la comunicación. Es hasta 1901 (influido por las bananeras) que Terencio Sierra edifica un segundo nosocomio, el Hospital del Norte en San Pedro Sula. La situación empieza, levemente, a mejorar.
Esta historia arduamente sintetizada surge de una tesis de grado impresionante y sapiente, cual es “Estado, médicos y población subalterna. Sujetos de la política sanitaria entre los nexos de salud nacional y transnacional en Honduras, 1902-1932” expuesta al Colegio de Michoacán por la hoy doctora en Ciencias Sociales Yesenia Martínez García y cuya revelación de lo que fue la política de sanidad hondureña explica un fenómeno que pasó de cero en la Colonia a breves atisbos durante las primeras repúblicas hasta asentarse (1930) en un programa mejor caracterizado de protección al individuo, e influido tal programa por corrientes científicas modernas y en que -es lo esencial- un grupo de médicos nacionales con alta sensibilidad humana ingresa al escenario para conducir nuevas plataformas de protección de la comuna.
Llamamos la atención sobre este erudito texto pues es imposible reseñar sus 400 páginas. Baste decir que el panorama que retrata del Estado de la salud en el período citado (1902-1932) asusta. La palabra obrero, ejemplo, no ingresa a la planificación estatal sanitaria sino hacia 1925, hay médicos privados pero no hay sistemas institucionales de protección, es rara la clínica popular excepto alguna, administrada por la policía, para controlar la proliferación de enfermedades venéreas, particularmente en vagos, alcohólicos y hetairas, declarados hez de la humanidad.
Es en las gestiones de Soto y Bográn que se atiende higiene, ornato, agua, salubridad de urbes y puertos, prevención de miasmas, vacunación, un Reglamento de Policía y la recién creada Policía Higiénica (1888). En 1891 golpea la viruela, por lo que Bográn ordena a la Facultad de Medicina elaborar disposiciones con contenidos científicos, mayormente escritas por su primo, el doctor Miguel Paz Barahona (presidente de 1925 a 1929). Con el Censo de 1889 se recoge información, por primera vez, sobre poblaciones “pobres” y enfermas, con padecimientos de profilaxis venérea y se califica a hombres y mujeres con imposibilidad física o moral (mudos, locos, tuertos, idiotas, tullidos, epilépticos, alcohólicos) o afectados por viruela o fiebre amarilla...
Honduras despega por fin de la oscuridad histórica, aunque es un tránsito que ni en el mismo siglo XXI termina de alcanzar.
