Muchos de los jóvenes matrimonios que ahora pagan electricidad no habían nacido o apenas eran unos bebés cuando el gobierno dijo a principios de los 90 que la compra de energía térmica, sucia, contaminante, cara, era solo una emergencia, temporal, enmendable... y ya ven, la urgencia lleva tres décadas y una pesada losa sobre los hondureños.
Desde entonces, casi todos los gobiernos intentaron revisar los contratos de energía térmica, porque los precios son prohibitivos, entre los más caros del continente, y encima hay que pagar por tener las plantas detenidas, sin producción, hasta dos mil millones de lempiras anuales; pero siempre hay una maniobra, un inciso, un conecte, que hace estos negocios intocables.
En la historia hondureña, hecha de paradojas, llegó un tiempo allá por los 80 en que teníamos exceso de energía, cuando entró en operaciones la represa “El Cajón” con sus 300 megavatios por hora; disponíamos de 560 megavatios y solo usábamos 220 ¿y qué creen?, lo arruinamos, bueno, lo arruinaron los que manejaban las cosas.
Los planes de crecimiento de la demanda fallaron; la distribución de la energía no llegó a todas las casas, industrias, almacenes que se esperaba, y la ENEE acumulaba energía de sobra, una insoportable deuda y el descuido de algunas plantas generadoras.
Cuando finalmente se necesitaron esos megavatios, ya no existían. El daño en las plantas generadoras por falta de mantenimiento y una brava sequía redujeron la producción, y nos llegó la crisis de 1993. El gobierno de Rafael Callejas firmó el primer compromiso con una empresa térmica, y desde entonces empezaron a llamarlos “contratos leoninos” por injustos, despóticos.
Muchos recordarán aquella época en que cortaban la energía a medio país; cuando emigraban a casa de familiares o amigos en busca de luz. En 1994 el presidente Carlos Roberto Reina creó la Ley Marco del Subsector Eléctrico, y zas, firmó con las otras empresas térmicas.
Un ejemplo bárbaro: en los primeros cuatro días del mes los térmicos mandan sus facturas con cifras mareantes por el servicio mensual, la ENEE tiene siete días para pagar, y claro, los consumidores tardan más que eso, así que la estatal entra en mora y debe pagar intereses incluso más altos que en la banca comercial.
Como toda concesión, esas plantas térmicas ya deberían ser propiedad del Estado, para abaratar los costos, terminar los insoportables apagones o ampliar la cobertura, pues, aunque en las ciudades cubre hasta un 94%, en la zona rural no llega a la mitad, y eso que desde hace un siglo y medio se usa electricidad en el mundo.
Queda mucho por decir de estas empresas térmicas y sus fortunas inmensas. El actual gobierno también intenta reorganizar la ENEE, y de paso, ajustar esos bodrios de contratos. Ojalá que los actos superen las intenciones y que un día tengamos una estatal eléctrica sólida, competente, nuestra.
