La corrupción es un flagelo que afecta no solo a Honduras sino que a muchos países en el mundo. Pero el problema se vuelve gigantesco cuando la corrupción está acompañada de la impunidad, pues entonces los corruptos sienten que sus actos reñidos con la ley no les acarrearán ninguna consecuencia. Lamentablemente este es el caso de nuestro país, donde por muchos años los corruptos han campeado a sus anchas y, por lo tanto, la corrupción se ha convertido en algo normal.
Pero ¿por qué es que en algunos países la impunidad sirve de motor propulsor de la corrupción? La respuesta es relativamente sencilla: porque las instituciones no funcionan. Generalmente en países donde las instituciones llamadas a hacer respetar la ley se encuentran totalmente politizadas y solo responden a los intereses de los que los nombraron para sus cargos, la impunidad florece y con ello, la corrupción se vuelve endémica. En estos casos las leyes solo se aplican a delincuentes de menor escala y que no tienen un alto jerarca político que los proteja y además, se convierte en un mecanismo para crear el espejismo que la justicia está funcionando.
Existe un amplio consenso de que la corrupción impone altos costos a la sociedad, ya que retrasa el crecimiento económico, impide que los ciudadanos reciban servicios básicos de calidad al absorber recursos que se deberían destinar a las escuelas, hospitales, mejoras en infraestructura, etc., y adicionalmente, incrementa la desigualdad, beneficiando a unos pocos en detrimento de las grandes mayorías.
En algunos foros internacionales se ha sugerido que los actos de corrupción se deberían declarar como delitos de lesa humanidad, porque conducen a un enriquecimiento ilícito a costa del sacrificio, del dolor, de la salud, de la educación, de la muerte y del desarrollo inclusivo de una nación.
De conformidad a análisis que se han efectuado, el combate efectivo a la corrupción se logra con el apoyo de la comunidad internacional y la cooperación de los ciudadanos, como pilares fundamentales a los que hay que sumar un fuerte andamiaje legal, la transparencia en el uso de los recursos y el uso de la tecnología.
Conscientes de lo difícil que es luchar contra los corruptos, que enquistados en el poder han secuestrado y politizado por muchos años las instituciones encargadas de aplicar la ley, algunos países han solicitado y recibido el apoyo de la comunidad internacional. En esta dirección, Honduras celebró un convenio que dio vida a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), con cuyo apoyo el Ministerio Público se ha fortalecido y ha creado los mecanismos para investigar, detectar y llevar a los tribunales a los funcionarios públicos y malos empresarios que han delinquido.
En relación con lo anterior, la sociedad está expectante pues en enero de 2020 estará venciendo el convenio mencionado y ya las fuerzas oscuras se han estado movilizando para impedir que el convenio sea renovado. De lograr sus objetivos, la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras tendrá un fuerte retroceso y los corruptos se habrán salido con la suya. La sociedad unida no debe permitirlo y luchar por su renovación.
