“El poder judicial no cumple con su papel”. Esa es la causa principal para que la corrupción siga ganando terreno; tres países de la región muestran las peores credenciales.
Contundente, puntual y descriptivo. Así se podría calificar el informe de Transparencia Internacional (TI) sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (2023), el cual demuestra –un año más– que hay pocos países que mejoran y muchos que se estancan o empeoran bajo un mismo común denominador: la falta de independencia de los sistemas de justicia.
Aunque resulta ilustrativo verlo con números y casos específicos, la conclusión que destaca el informe tiene mucho sentido, porque apunta claramente a señalar que, con impunidad y sin castigo, se alienta la participación de funcionarios y empresarios en los casos de corrupción. Tristemente, los países que muestran una situación más deteriorada y de pobreza son los que tienen a los políticos que más roban.
El informe no lo menciona, pero el proceso viene en escalada en la misma manera que el espíritu de la “clase política” se ha transformado y pasado, de una función de servicio, a la de servirse y enriquecerse a costa de los bienes públicos.
Volviendo a lo que dice TI, encontramos que en la región los peores señalamientos se hacen a Nicaragua, Guatemala, el Salvador y Honduras; solamente Republica Dominicana tiene una mención positiva por “una mejora significativa”, aunque lejos aún de un nivel ideal, pues su calificación sigue siendo baja (35/100 puntos), pero con una mejora de 7 puntos desde el 2021. Lo interesante, es que se trata de un país que “ha fortalecido la independencia del poder judicial y la Procuraduría General de la Nación investiga casos de corrupción sin injerencia” del poder político, de acuerdo con el informe, que elogia también el papel de los medios de comunicación al hacer las denuncias correspondientes en ese país caribeño.
Centroamérica presenta malas calificaciones. Según el informe, se observó en el último periodo una actitud similar de parte de los gobiernos de Daniel Ortega –Nicaragua, la peor calificación en el área con 17 puntos –, el recién salido Alejandro Giammattei –Guatemala (23 puntos)– y el próximo a reelegirse NayibBukele –El Salvador (31)–. Dice así TI: en estos países “el Poder Judicial se convierte en una herramienta para atacar a jueces y fiscales honestos.
Recientemente, en los dos últimos países, el Poder Judicial se ha utilizado para manipular procesos electorales, poniendo en riesgo la democracia y, en el caso de Nicaragua, se ha usado para consolidar la dictadura”.
En los tres países centroamericanos se puede ver que la justicia ha sido cooptada por el poder político, lo que representa, no solo un peligro porque abre las puertas a la corruptela, sino también se afecta la democracia, al borrarse la independencia entre los poderes del Estado, como comúnmente se establece en cada una de sus constituciones.
Se destaca también que se hacen nombramientos de jueces y fiscales sin méritos, lo que constantemente se traduce en procesos “opacos y en algunos casos hasta ilegales”, situación que se ha visto con claridad y muchas veces en Nicaragua y Guatemala.
En El Salvador es incuestionable la popularidad del presidente Bukele, quien, de acuerdo con las encuestas, ganará casi la totalidad de los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Municipal, y así controlará el Judicial. El peligro es que su poder será absoluto y, como dijo el político británico Lord Acton allá por el siglo XIX: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Como nada puede hacerse ya para impedir la reelección –inconstitucional– de Bukele, no queda más que desearles a los salvadoreños la mejor de las suertes y que la corrupción no se desborde en el nuevo período, cuando se concentre todo el poder en una sola persona, como sucede con Ortega en Nicaragua.
Finalmente, no está de más destacar que lo triste de esta clase política moderna –con pocas excepciones dignas de aplauso– es que muchas veces, como sucede en los países citados, la pobreza y el retraso socioeconómico son la norma que afecta a grandes sectores de la población. Difícilmente con los niveles de corrupción existentes se puede lograr un desarrollo integral.
Otra de las coincidencias que podemos ver entre estos países, es la gran cantidad de funcionarios, jueces y magistrados, que han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por ser “corruptos y antidemocráticos”, con acciones que se traducen en “socavar la democracia”. Muchos de ellos son, precisamente, parte de los sistemas de justicia.
Transparencia Internacional no descubre el agua azucarada, pero sí se encarga de poner el “dedo en la llaga” para señalar lo que se debe corregir y nos mantiene actualizados con el acontecer político, vinculado –sí o no– con la corruptela.
