Todo el entorno alrededor de lo ocurrido en El Salvador, con la destitución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por la Asamblea de Diputados, controlada por el presidente Nayib Bukele, ha generado un discurso contrario a ese acto basado en los principios de la democracia representativa que reclama para su ejercicio la interdependencia de poderes desplegados por órganos de gobierno distintos, autónomos e independientes entre sí.
Lo raro es que, en la práctica, ningún político que busque la presidencia de una nación, o sea controlar el Ejecutivo, se siente cómodo gobernando con poderes contrarios a las fuerzas políticas que lo llevaron a la primera magistratura. Para poder gobernar sin tropiezos y poder cumplir con las promesas de campaña necesita un Congreso que le sea afín y una Corte Suprema que le apruebe leyes que correspondan con los proyectos de desarrollo en los cuales se ha comprometido. Quien no tiene todos los poderes, no tiene todo el gobierno y no puede impulsar cambios deseados.
Es una utopía considerar que los poderes se han constituido para complementarse, eso sería lo ideal, pero la política y los políticos no gobiernan como si todo fuera una línea recta de intereses sociales y económicos. Para recuperar esos viejos ideales habría que regenerar al hombre volviéndolo a un verdadero contrato social, cuestión que es imposible en una actividad donde se ponen en tensión intereses de grupos y personales.
Algunos dicen –de manera jocosa— que a Bukele le faltó experiencia, en otros países hacen lo que él hizo, pero, además, cooptan a diputados de otros partidos a través de estímulos materiales o por otros medios y de esa manera pueden no solo controlar el Congreso, también pueden elegir a la Corte y a otros funcionarios de elección legislativa. De esta manera, se evita el escándalo público y los gobiernos quedan en paz con la comunidad internacional.
En el caso de Honduras, el 12 de diciembre del 2012, con el edificio rodeado de miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras, el Congreso Nacional aprobó la destitución de cuatro de los cinco Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Dicha destitución se hizo de manera arbitraria por carecer el Congreso de esas facultades. Aquella acción solo fue parte de un rosario de ilegalidades y descomposición social que vendrían después sobre la población hondureña, situación que todavía tenemos que soportar, incluyendo una reelección inconstitucional.
Por ahora es muy temprano para valorar lo que puede venir con el presidente Bukele en la hermana República de El Salvador. Ojalá lo ocurrido no dé pie para generar una política de persecución a los opositores, violentando los derechos humanos y suprimiendo las libertades públicas. El Salvador, al igual que el resto de los países de Centroamérica, ya han sufrido mucho la presencia de regímenes dictatoriales y corruptos. Uno más sería una pesada carga.
