Cuando hablamos de crear o reformar leyes para fortalecer el Estado de derecho en Honduras, muchas personas lo primero que piensan o dicen: “¿Para qué si a nadie le hacen algo aquí?”. Ya existe una presuposición que la ley se aplica o inaplica de manera conveniente por parte del Estado, esto quiere decir que no todos somos iguales ante la ley, contrariándose con el artículo 60 de la Constitución de la República, que determina que en Honduras todos somos iguales ante la ley y que, en Honduras no existen clases privilegiadas.
Sin embargo, en la práctica sabemos que el poder busca concentrarse para tener y hacer más poder, es una característica del autoritarismo, tener el control absoluto, beneficio al que me sigue, perjuicio al que me contradice. Pero si vemos este asunto con mayor detenimiento, el problema no radica en la ley, sino en su aplicabilidad, ya que, hemos podido observar personas que les ha caído toda la fuerza del derecho penal hondureño y otros donde el sistema de justicia ha sido complaciente con algunos delincuentes.
El problema no solo radica en la aplicación de la ley, ya que, si hay casos donde algunos gozan de plena impunidad, pero también hay impunidad por falta de leyes, en Honduras no existe una correcta protección de denunciantes y testigos, una ley de colaboración eficaz, ley que regule el nepotismo, y el no tener regulado esto, favorece a ciertas conductas y patrones inherentes de la corrupción.
Pero debemos observar todo el océano y no solo una bahía, en Honduras faltan generar nuevas leyes, pero también se puede ir avanzando con las que ya se tienen, sin embargo, las leyes deben tener sanciones para que generen consecuencias, pero, garantizar el cumplimiento de las leyes existentes y la aprobación de nuevas normas esto jamás va a nacer de la voluntad de un gobierno, es algo que debe exigir la sociedad civil, una sociedad civil ordenada, organizada técnica, planteando posturas de manera profesional y no política. Cuando dejamos que este tipo de cosas dependan de un gobierno siempre buscan conservar sus intereses particulares antes de los intereses colectivos.
El político tiene una característica, busca los vacíos legales para sacarles provecho, siempre juega con los vacíos legales, pensando en sacar provecho, por eso debe estar la sociedad civil de manera activa planteando sus posturas y denuncias.
Decía Fréderic Bastiat “la ley ya no es el refugio del oprimido, sino el arma del opresor” hay que ser vigilantes que esto no suceda, la sociedad civil debe apoyar las buenas iniciativas gubernamentales y criticar las malas.
