El concepto de la “deuda social” no es nuevo. Tan solo es un proceso que ha quedado muy arrinconado en la memoria tanto de los socialistas del siglo XXI como de los neoliberales de los siglos XX y XXI. Seguramente, también existen los seguidores de esas corrientes de pensamiento que no lo han olvidado, porque simple y llanamente lo ignoran. Ambos bandos deben instruirse para que cuando el péndulo del poder se coloque a su favor, sean capaces de responderle dignamente no solo a sus propios votantes sino a la sociedad en general. No debemos permitirles alegar ignorancia o mendacidad (ojo, no es mendicidad).
Muy a propósito de los graves problemas de empleo, pobreza, raquítico crecimiento económico, hambre, restricción externa, costos del endeudamiento, políticas económicas inadecuadas, migración, delincuencia, desafección política y otros, viene al caso definir la deuda o brecha social como aquella cantidad de recursos monetarios que habría que redistribuir en la sociedad para que todas las personas u hogares puedan superar la “línea de pobreza”.
Esa estimación generalmente se hace como porcentaje del PIB, porción que habría que reorientar para superar la pobreza en un momento dado. Valga decir que la línea de pobreza es la cantidad de dinero que un hogar o persona requiere para satisfacer sus necesidades básicas que incluye la parte alimentaria y los demás insumos para la sobrevivencia y desenvolvimiento en condiciones decentes. La inflación determina el poder adquisitivo del ingreso o salario real.
Los organismos internacionales como la CEPAL y la OIT (en particular del Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe PREALC) tuvieron (en la segunda mitad del siglo XX) una rica producción científica que dio lugar a una profunda comprensión de los problemas estructurales y de sus posibles soluciones técnicas. Se calculaba que entre las décadas de los 60 y los 70 el nivel promedio de pobreza latinoamericano había disminuido de 49% a 39%. Países como Honduras estaban en 65%.
Adicionalmente, se calculó que por cada punto de reducción de la pobreza se requería una tasa de crecimiento económico de 2.7%. Finalmente, se estimaba que para cubrir esas brechas de pobreza era necesario redistribuir recursos equivalentes a un 3% del PIB y que la forma más segura de pagar la deuda social era la creación de puestos de trabajo en el sector formal de la economía.
En la actualidad, hay regímenes que se caracterizan por estar puntuales en el pago de la deuda financiera (aun siendo deuda odiosa y mal usada) pero, siguen aumentando su “morosidad” en el cumpliendo de la deuda social. Aquí, los grandes “deudores” son las élites gobernantes y sus patrocinadores. Los indigentes, desempleados y marginados son los “acreedores” y, generalmente, tienen muy poca capacidad de “recuperar pagos”. La deuda social en ningún momento niega la deuda financiera. La solvencia en ambas debería ser lo eficiente y lo justo.
Para solventar la deuda, los gobiernos deben de producir “bienes públicos”, obras y medios para satisfacer necesidades colectivas como la educación, salud, vías de comunicación, seguridad, protección de la soberanía territorial y obras de infraestructura productiva (embalses, energía eléctrica, irrigación, talleres, laboratorios, entre otras).
Esos análisis prácticamente no han cambiado. Persistimos en acumular deudas, en lo financiero y en lo social. Los gobiernos, entonces, deben guardar un equilibrio en el cumplimiento de la deuda financiera y la deuda social. Como corolario puede decirse que la deuda social se paga con inversión generadora de empleos decentes.
