Hoy en día muy pocos analistas (o quizá ninguno) niegan que entre la democracia y la economía existan vínculos estrechos, o alternativamente, que no puede darse una sólida relación entre política y economía; a esta altura, esa idea de separación entre dos áreas del múltiple quehacer humano es una concepción bastante equivocada, ya que en el mundo actual todo está estrechamente interrelacionado, de tal forma que hasta los pequeños acontecimientos como el aleteo de un colibrí pueden provocar huracanes en lugares lejanos del planeta, según la ‘teoría del caos’ y el denominado ‘efecto mariposa’.
Debido a esto, una parte de los economistas clásicos preferían referirse a la ciencia de la producción, la distribución y el consumo, llamándola “Economía política”. Para explicar el declive del proceso democrático que actualmente vivimos, Colin Crouch introdujo el concepto de “posdemocracia”, que él define como “una crisis del igualitarismo y una trivialización de los procesos democráticos”. Según describe Carlo Bordoni en el libro “Estado de crisis” (2014), escrito conjuntamente con Zygmunt Bauman, entre los efectos que caracterizan la posdemocracia destacan: “La desregulación, es decir, la anulación de las reglas que rigen las relaciones económicas en aras de la supremacía de los mercados financieros y bursátiles”; “La caída de la participación ciudadana en la vida política y las elecciones”; “El regreso del liberalismo económico (o neoliberalismo), por el que se confía al sector privado parte de las funciones del Estado y de los servicios de gestión (que antes eran “públicos”) bajo los mismos criterios de rendimiento económico que los de la empresa privada”; “La decadencia del Estado del bienestar, que pasa a reservar servicios básicos solamente para la población más pobre, es decir, como una circunstancia excepcional y no como parte de un derecho generalizado de todos los ciudadanos”; “La prevalencia de los grupos de presión, que incrementan su poder e imprimen a la política el rumbo que ellos desean”; “La disminución de las inversiones públicas”; y, “La preservación de los aspectos “formales” de la democracia, que mantiene, como mínimo, la apariencia de la garantía de la libertad”.
Lo anterior, permite constatar los fuertes vínculos existentes entre la democracia y la economía. Esa relación es tan profunda que, refiriéndose a la Gran Recesión del 2008, Wolfgang Streeck expresaba “que la actual crisis financiera es una consecuencia del fracaso de la democracia”; pero también se atrevió a sugerir que “es posible que haya sido inducida o guiada para recuperar la antigua desigualdad social y reducir la democracia”.
En cualquier sentido, democracia y economía forman un matrimonio para toda la vida, hasta que una de las partes muera y queden separados. Bordoni complementa esa idea, afirmando que otros elementos convergen en la misma dirección, como “la privatización en nombre del progreso, la rentabilidad y la eficiencia; el alejamiento del capital con respecto a los intereses nacionales y su “desmaterialización” en los mercados financieros, y el derrumbe del modelo keynesiano o, en un sentido más general, de la intervención del Estado en la economía, y su sustitución por el modelo hayekiano”
Debido a esto, una parte de los economistas clásicos preferían referirse a la ciencia de la producción, la distribución y el consumo, llamándola “Economía política”. Para explicar el declive del proceso democrático que actualmente vivimos, Colin Crouch introdujo el concepto de “posdemocracia”, que él define como “una crisis del igualitarismo y una trivialización de los procesos democráticos”. Según describe Carlo Bordoni en el libro “Estado de crisis” (2014), escrito conjuntamente con Zygmunt Bauman, entre los efectos que caracterizan la posdemocracia destacan: “La desregulación, es decir, la anulación de las reglas que rigen las relaciones económicas en aras de la supremacía de los mercados financieros y bursátiles”; “La caída de la participación ciudadana en la vida política y las elecciones”; “El regreso del liberalismo económico (o neoliberalismo), por el que se confía al sector privado parte de las funciones del Estado y de los servicios de gestión (que antes eran “públicos”) bajo los mismos criterios de rendimiento económico que los de la empresa privada”; “La decadencia del Estado del bienestar, que pasa a reservar servicios básicos solamente para la población más pobre, es decir, como una circunstancia excepcional y no como parte de un derecho generalizado de todos los ciudadanos”; “La prevalencia de los grupos de presión, que incrementan su poder e imprimen a la política el rumbo que ellos desean”; “La disminución de las inversiones públicas”; y, “La preservación de los aspectos “formales” de la democracia, que mantiene, como mínimo, la apariencia de la garantía de la libertad”.
Lo anterior, permite constatar los fuertes vínculos existentes entre la democracia y la economía. Esa relación es tan profunda que, refiriéndose a la Gran Recesión del 2008, Wolfgang Streeck expresaba “que la actual crisis financiera es una consecuencia del fracaso de la democracia”; pero también se atrevió a sugerir que “es posible que haya sido inducida o guiada para recuperar la antigua desigualdad social y reducir la democracia”.
En cualquier sentido, democracia y economía forman un matrimonio para toda la vida, hasta que una de las partes muera y queden separados. Bordoni complementa esa idea, afirmando que otros elementos convergen en la misma dirección, como “la privatización en nombre del progreso, la rentabilidad y la eficiencia; el alejamiento del capital con respecto a los intereses nacionales y su “desmaterialización” en los mercados financieros, y el derrumbe del modelo keynesiano o, en un sentido más general, de la intervención del Estado en la economía, y su sustitución por el modelo hayekiano”
