La “nueva normalidad” implica restaurar y profundizar el viejo orden y sus paradigmas, el status quo excluyente, discriminatorio, injusto. Es retornar a más de lo mismo en beneficio de pocos y perjuicio de muchos.
Se requiere de nuevas iniciativas estatales y ciudadanas tendientes a la equidad e inclusión. Sugiero algunas de ellas, sin pretender ser exhaustivas, sí prioritarias.
Justicia tributaria, reorientando la política fiscal vigente, para que quien más ingresos percibe sea gravado proporcionalmente a fin que la carga impositiva no siga pagada principalmente por los sectores medios y populares. El capital financiero, crecientemente más próspero, debe aportar impuestos acordes con sus ganancias. Abolir dispensas y exoneraciones a los sectores nacionales y extranjeros, hasta ahora favorecidos con el sacrificio fiscal estatal.
Reorientar el Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos, priorizando los rubros de salud y educación, reduciendo la adquisición de armamento, eliminando partidas confidenciales, dietas y viajes al exterior, reduciendo elevados sueldos devengados por diputados y funcionarios públicos, suprimiendo instituciones no funcionales o que duplican funciones de otros entes gubernamentales.
Crecimiento económico con desarrollo humano, ya que aquel sin tomar en cuenta este profundiza la desigualdad y la concentración de la riqueza en minúsculas élites, incrementando la desprotección social de la población y el creciente deterioro del medio ambiente. “El crecimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio” (Jean de Munck).
Garantizar a todas y todos los compatriotas el derecho a la salud, trabajo, educación y soberanía alimentaria. Para enfrentar estos objetivos deben crearse las bases de un Estado con función social en vez de desmantelarlo y privatizar sus funciones y competencias.
Fortalecer organizaciones de la sociedad civil, sindicatos obreros y campesinos, asociaciones comunitarias, sin vínculos con los gobiernos, con autonomía y capacidad de proponer e implementar propuestas.
La población, su bienestar, el bien común y no el mercado debe ser lo esencial en el diseño y puesta en práctica de políticas públicas. Vigencia y protección efectiva de los derechos humanos.
Reducción de la burocracia estatal, con mayor eficiencia y espíritu de servicio, despolitizando su nombramiento, restableciendo un servicio civil profesional.
Incremento en la producción y productividad, capacitación permanente de la fuerza laboral en aspectos tecnológicos adaptados al medio local, en el sector estatal y empresarial; fomentar la producción local de bienes y servicios evitando fuga de divisas.
Eliminación de la impunidad, con entes contralores que combatan en el corto plazo la corrupción y los delitos de cuello blanco, sin tener que aguardar investigaciones y auditorías del Tribunal Superior de Cuentas tal como ocurre ahora
