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Sobreendeudamiento y consolidación de deudas

En el Congreso Nacional se está preparando un decreto con el propósito de facilitar la consolidación de deudas a personas que -según se expresa en los considerandos del mismo- se encuentran altamente endeudadas con casas comerciales, prestamistas no bancarios e instituciones del sistema financiero. Lo paradójico es que el decreto abre una puerta para que las personas con ingresos de hasta tres salarios mínimos se sigan endeudando, al indicar que una vez consolidadas las deudas las personas podrán optar a otros préstamos derivados de dicha ley. Dentro de los otros préstamos se encuentran financiamientos garantizados con el décimo tercero y décimo cuarto mes de salario, con bono de vacaciones y hasta con el 75% de las indemnizaciones laborales y la reserva laboral. Es de resaltar que el propósito de la indemnización laboral es que el trabajador tenga recursos para hacerle frente a sus necesidades básicas en casos de perder su empleo, por lo que en nuestro concepto, lo anterior más bien va en detrimento del trabajador. Por su parte, a los patronos se les está imponiendo obligaciones adicionales, incluyendo la de retener las cuotas para amortizar los préstamos. Siempre se ha dicho que combinar decisiones políticas con temas relacionados con el sistema financiero y con las finanzas personales al final no produce los beneficios buscados y, más bien, da malas señales a los mercados. Precisamente por esto es que los bancos del Estado en la mayoría de los países han fracasado, agobiados por carteras morosas originadas de préstamos a políticos y a sus recomendados y las mismas instituciones multilaterales conducen análisis de los sistemas financieros, para confirmar que se mantienen dentro de estándares razonables. Lo cierto es que el otorgamiento de crédito descansa en principios universales, que van desde el carácter o reputación del deudor hasta la capacidad de pago, el historial crediticio y la garantía. A su vez, los plazos de los préstamos van en función de los destinos financiados, ya que no es lo mismo otorgar un financiamiento para vivienda que necesita plazos largos que una necesidad recurrente como gastos de alimentación, alquileres, vestuario, etc. El proyecto de ley requiere que las instituciones financieras promuevan la cultura de una sana administración de las finanzas a los beneficiarios por medio de campañas educativas. Lo cierto que estas instituciones desde hace algún tiempo lo están haciendo de mutuo propio, con el objetivo de fomentar un uso prudente del financiamiento y una cultura de pago, que es vital para mantener un buen récord crediticio.

Lo que los proyectistas dejan por fuera es que para un buen manejo de las finanzas personales también se necesita inculcar una cultura de ahorro. La regla básica es tratar de ahorrar para evitar endeudarse más allá de la capacidad de pago. Como regla de dedo, se aconseja que toda persona trate de ahorrar por lo menos el 10% de sus ingresos y que su servicio de la deuda no sea mayor a un 40% de sus ingresos netos. La capacidad de pago de una persona muchas veces no depende de sus niveles de ingresos sino que del control de sus gastos y para eso se necesita disciplina. Tenemos que crear conciencia sobre la importancia del ahorro personal para evitar ese círculo vicioso que lleva al sobreendeudamiento, hasta el punto de pasar refinanciando y obteniendo más y más crédito, hasta llegar a un punto de insolvencia. Y lo peor es que a medida que el endeudamiento crece, se opta por financiamientos más onerosos y que no guardan relación con la capacidad de pago, poniendo así mayor presión en el deudor. No es con decretos legislativos que se va a mejorar las finanzas de las personas. Todos debemos estar conscientes, hasta los mismos políticos, de que el crédito debe ser usado hacia el crecimiento patrimonial o personal. Los gastos fijos deben ser cubiertos con los ingresos regulares y cualquier incremento en los gastos debe ser cubierto con ingresos adicionales; no es conveniente utilizar permanentemente el financiamiento para cubrir gastos fijos. Cuando hablamos del crecimiento patrimonial, nos referimos al financiamiento para compra de una vivienda, para reparaciones o ampliaciones, para educación y similares. Los políticos deben manejar el tema con prudencia, ¿será posible?