Los políticos nuestros no entienden de la necesidad del equilibrio, de los pesos y contrapesos que permiten el funcionamiento de la democracia. Así lo han demostrado siempre y hoy no es la excepción.
Si ayer fue la pretensión de un Poder del Estado de imponer su voluntad y la fusión de los otros dos para frenarlo lo que nos llevó a la crisis política que todavía hoy sufrimos; hoy es que el titular del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, se ha alineado tanto con las posiciones y los intereses del Poder Ejecutivo que está atentando contra la ya debilitada institucionalidad y desprestigiando la democracia y a los propios políticos aún más.
No se trata de la confrontación permanente entre poderes, pero tampoco que uno de ellos renuncie a sus atribuciones o a cumplir con el papel que le corresponde. La Constitución es clara: los tres son 'complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación'.
No solo es mera retórica para contar con el respaldo de Casa Presidencial en sus aspiraciones para convertirse en el candidato del oficialismo. Hernández, en dos años, ha acumulado varias acciones concretas que colocan al Congreso Nacional como un poder sumiso ante el Ejecutivo.
Por ejemplo: aparte de la pifia que acalora el ambiente actual, cuando el año pasado se aprobó la llamada 'tasa de seguridad', desde diversos sectores se le advirtió que tal como lo habían concebido desde el Poder Ejecutivo tendría nefastas consecuencias para la economía nacional. Al final, la aprobaron tal como la recibieron para terminar suavizándola después.
Otro caso: El Congreso aprueba la ley para ilegalizar que dos personas pudieran viajar en una motocicleta. Una vez en el Ejecutivo esta fue cambiada y publicada en La Gaceta, sin la más mínima objeción.
También en la Ley del Presupuesto (de este año) el proyecto enviado por Finanzas incluía las ayudas del gobierno central a las municipalidades como parte de las transferencias que por ley debe hacer. En el Congreso aclaran que son dos cosas diferentes, hacen el cambio; pero cuando se hace la publicación en La Gaceta, aparece tal y como originalmente había decidido el Poder Ejecutivo.
Lo más reciente: el contrato que permitía a Interairport duplicar la tarifa aeroportuaria, los diputados dirigidos por Hernández lo aprobaron a matacaballo. Al final, como ocurre ahora con el contrato con Securiport, debieron echarse para atrás.
¿Hasta cuándo se le pondrá fin a estos atentados contra la institucionalidad, el Congreso Nacional y el sistema democrático?
