Hasta tres días puede tardar elegir al jurado en el juicio de JOH

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- “Un juicio con jurado comienza con la selección de sus integrantes”. Esta afirmación está contemplada, tanto en leyes penales como en las civiles de Estados Unidos, para garantizar un juicio justo, ecuánime y transparente a los acusados.

La imputación por narcotráfico hecha por la Fiscalía de Nueva York al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se iniciará hoy lunes con el procedimiento de la elección del jurado, que durante el juicio decidirá sobre la culpabilidad o inocencia del exmandatario.

Durante esta etapa, considerada también como “el primer paso del juicio”, las partes procesales, los fiscales, la defensa de Hernández y el propio juez Kevin Castel, harán una serie de interrogantes a los posibles jurados para determinar su idoneidad para servir en el caso. Este proceso se puede extender durante dos o tres días.

Una vez que la oficina del secretario del tribunal haya recibido una lista de ciudadanos elegibles, el secretario enviará cartas a varios ciudadanos de la lista, informándoles que han sido seleccionados para comparecer como jurado durante un período de la corte.

Conformado el jurado, el expresidente de Honduras será trasladado hasta la Corte al inicio del debate con la presentación de los argumentos de los fiscales, que no es más que la ratificación de la acusación por tráfico de cocaína.

Durante el fin de semana, la esposa de Hernández, Ana García, y su abogado defensor, Raymond Colon, informaron sobre la postergación del juicio hasta el 20 de febrero.

No obstante, hasta el cierre de esta edición impresa, el calendario de procedimiento civiles y penales de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, mantenía agendado el inicio del juicio para este día y extendido durante toda la semana ante el juez Castel a las 9:00 de la mañana, hora de Nueva York (8:00 AM hora Honduras).

Tras la selección del jurado, la Fiscalía indicó que “será necesario un intervalo de aproximadamente dos días. Este período permitiría completar el proceso acordado por las partes y ordenado por la Corte en su orden del 12 de enero de 2024, y para que un abogado autorizado se reúna con el acusado en un Centro de Información Compartimentada Sensible (SCIF por sus siglas en inglés).

Según lo contemplado en el acuerdo entre las partes, el Tribunal deberá celebrar una audiencia de conformidad con la Sección 6(a) de CIPA (Ley de Procedimientos de Información Clasificada), que puede ocurrir durante ese período de aproximadamente dos días.

Después de la emisión del fallo escrito del Tribunal en virtud de las pruebas en la audiencia CIPA, la Fiscalía propone que el juicio proceda con los argumentos iniciales y la presentación de pruebas en contra de Hernández.

Ayer, tanto los abogados defensores y los fiscales se reunieron para acelerar el proceso de la revisión de las pruebas clasificadas en un SCIF.

Aunque Hernández, de acuerdo a la Fiscalía, comparecerá junto a su abogada Sabrina Shroff, la mañana del martes 13 y miércoles 14 de febrero en la SCIF para conocer el alcance de las pruebas clasificadas ofertadas por los fiscales.

El acusado y su abogado recibirán una versión del documento que prepararon que describe el posible testimonio del acusado (el aviso suplementario de la Sección 5 de CIPA) que identifica qué partes, si las hay, están clasificadas.

El aviso -sostiene la normativa- incluirá una breve descripción de la información clasificada. Siempre que un acusado tenga conocimiento de información clasificada adicional que razonablemente espera revelar en el procedimiento, deberá notificarlo por escrito a los fiscales y al tribunal tan pronto como sea posible e incluirá una breve descripción de la información clasificada.

Según la propuesta de las partes adoptada en la orden del Tribunal del 12 de enero, “a los abogados defensores se les prohibirá discutir las partes clasificadas del aviso suplementario de la Sección 5 de la ley CIPA fuera del SCIF, incluso durante el juicio”.

Durante este periodo, el tribunal llevará a cabo una audiencia bajo la Sección 6(a) para determinar si la información clasificada es admisible como evidencia en el juicio.

Concluida la etapa procesal y administrativa del juicio, el juez Castel ordenará la apertura del debate con los argumentos iniciales de la Fiscalía -previsto para el 20 de febrero- en la que describirán la versión de los hechos ante el jurado.

Materializada la ratificación de la Fiscalía se comenzarán a evacuar las pruebas.

Entre las pruebas figuran los testimonios de detectives de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), que estuvieron a cargo de las investigaciones de la conspiración de tráfico de drogas en Honduras.

En seguida, el juez llamará al estrado a los testigos colaboradores, que a lo largo de una década han desenredado toda una maraña que implica a políticos y empresarios hondureños en el narcotráfico.

Entre estos colaboradores figura, el narcotraficante Víctor Hugo Díaz Morales alias “El Rojo”, quien, de acuerdo a la Fiscalía de EUA, fue uno de los primeros capos de la droga que comenzó a financiar las campañas políticas de Juan Orlando Hernández.

A lo largo del proceso que conlleva con la acusación contra el expresidente, “El Rojo” ha insistido que pagó un soborno, a solicitud de Juan Antonio “Tony” Hernández (hermano de JOH), de 40, 000 dólares para la campaña política de 2005, en la que Hernández buscaba un escaño para el Congreso de la República.

Mientras que también sostendrá durante el juicio que, durante la campaña política de 2009, pagó otro soborno de 100,000 dólares para la campaña política en la que Hernández culminó presidiendo el Congreso Nacional.

Además, manifestará que pagó más sobornos a “Tony” Hernández por otorgarle información de radar sobre tráfico aéreo, retenes militares y policiales y operaciones navales, a fin de que los cargamentos de cocaína no fueran decomisados por las fuerzas de seguridad de Honduras.

“El Rojo” es considerado un peligroso capo de la droga que acabó con la vida de más de una quincena de ciudadanos.

El exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón Soriano, es otro de los testigos colaboradores de la Fiscalía en el juicio contra Hernández.

Presuntamente, Hernández obtuvo ganancias de dos millones de dólares del cartel de Ardón para financiar la campaña proselitista que sentó en la silla presidencial a Porfirio Lobo Sosa.

A cambio de los recursos, tanto Hernández y Lobo, prometieron proteger a Ardón de la extradición y nombrar a su hermano, Hugo Ardón, quien también es pieza clave de la Fiscalía, como director del desaparecido Fondo Vial. Desde ese cargo Hugo Ardón entregó millonarios contratos a los carteles de la droga para que pudieran lavar sus ganancias con el propio Estado.

Ardón también revelará como Joaquín Guzman Loera, “El Chapo”, pagó un millón de dólares para financiar la campaña presidencial de JOH.

Asimismo, durante el juicio se evacuará el testimonio del cabecilla del cartel de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, quién pagó un soborno a Hernández de 250,000 dólares para no ser arrestado. Rivera aseguró que pagó otros 300,000 mil lempiras al expresidente Hernández para financiar su campaña.

En otros juicios Rivera confesó haber participado en el crimen de 78 personas.

Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, condenado a 24 años de prisión, también figura como testigo de la Fiscalía.

Fabio desarrolló una estrecha relación con Juan Hernández, para obtener información y protección para Los Cachiros y facilitar el tráfico de drogas.

Con las ganancias de tráfico de drogas de Fabio Lobo con Los Cachiros se proporcionaron múltiples sobornos de varios cientos de miles de dólares a Juan Orlando.

Un documento oficial de la Fiscalía señala que en una ocasión, Juan Orlando le dijo a Fabio Lobo que el entonces director de una agencia de inteligencia de Honduras, identificado como CC-8 (Julián Pacheco) podría proporcionarle información para evitar la interdicción de los envíos de droga.

Durante el juicio, Fabio Lobo también revelará las presuntas conexiones de Hernández con el Cartel de Sinaloa.