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El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) investigará si el gobierno cometió irregularidades en la emisión de decretos de emergencia que se han aprobado en los 22 meses de gestión del presidente Porfirio Lobo.
La primera diligencia consistirá en solicitar copia de todos los decretos ejecutivos para proceder a revisar si fueron elaborados en base a la Ley de Contratación del Estado, explicó la secretaria general del TSC, Alva Rivera.
'Es así que el Tribunal solicitó a esta administración los decretos emitidos durante el año 2010 y 2011 que conlleven las contrataciones directas por la vía de emergencia', indicó la funcionaria.
La funcionaria amplió que el trámite permitirá 'hacer una discriminación de todos y cada uno de ellos para ver qué renglones han impactado más y si se han seguido los procedimientos de acuerdo con lo establecido en cada uno de estos decretos, si se han seguido las cláusulas establecidas en el mismo'.
EL HERALDO reveló que el gobierno ha emitido 17 decretos de emergencia en los 22 meses de la administración actual, lo que representa una declaratoria cada 38 días. Estos decretos han significado una erogación superior a los 5,800 millones de lempiras.
El decreto para la contratación directa de 100 megavatios por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) obliga al Estado a pagar 5,100 millones de lempiras para atender la demanda en la zona occidental, en el Bajo Aguán y Olancho.
Las críticas sobre este decreto surgen porque se declaró emergencia por 16 años y la ENEE desatenderá su obligación de prestar el servicio de forma directa durante ese período.
También se ha criticado que la Secretaría de Planificación haya permitido que un equipo de computación esté a punto de arruinarse por falta de uso y para no perderlo se creó un decreto de emergencia para contratar por 11 millones de lempiras una compañía que le dé mantenimiento.
El Poder Ejecutivo ha aprobado tres decretos de emergencia mediante los cuales se han autorizado compras directas de granos básicos por 60 millones de lempiras para apoyar programas de asistencia agrícola.
Cuando finalice la investigación, el TSC revelará los resultados de la misma para que la sociedad conozca si se ha hecho un buen uso de los recursos.
'Estamos en el proceso de depurar para dar a conocer, mediante un informe especial, a la sociedad qué es lo que este gobierno ha manejado mediante los decretos de emergencia', expresó. Alva Rivera recordó que en 2010 el presidente Porfirio Lobo ordenó a sus funcionarios, mediante decreto PCM-035-2010, elaborar un informe sobre las contrataciones directas que han efectuado, pero no todos cumplieron esa instrucción.
Cuando se decreta estado de emergencia normalmente se procede a una contratación directa, es decir, que se obvia el proceso de licitación pública que permitiría varias ofertas y, por lo consiguiente mejores precios para el bien o servicio que se quiere adquirir.
Si la emergencia no está debidamente fundamentada se genera un daño patrimonial con la contratación directa y le corresponde al TSC aplicar las sanciones administrativas.
Previsión
El gobierno aseguró ayer que trabaja en un sistema de previsión de compras y contrataciones en áreas denominadas 'sensibles' para disminuir las declaratorias de emergencia en el país.
María Antonieta Guillén, ministra de la Presidencia, dijo que existen circunstancias en las que ningún gobierno puede evitar situaciones de emergencia, pero advirtió que en estos casos los entes contralores del Estado son los obligados a verificar la transparencia en el manejo de los fondos.
'Lo que sí estamos queriendo mejorar, y creo que sí se ha dicho mucho en los Consejos de Ministros, es el tema de que a través de una previsión de compras del Estado, sobre todo en áreas sensibles como salud u otras derivadas en contrataciones de infraestructura, se pueda hacer con la antelación correspondiente la planificación para no incurrir en el tema de las emergencias'.
La vicepresidenta de la República sostuvo que lo esencial en cualquier emergencia es que los organismos contralores del Estado como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) verifiquen el manejo transparente de los recursos.
'Hay algo que yo creo que es importante, yo creo que una emergencia se puede dar en cualquier momento, pero lo esencial es que los entes contralores del Estado verifiquen la ejecución de los fondos que han sido administrados al tenor de un decreto de emergencia', indicó.
La representante del poder Ejecutivo afirmó que la mayoría de los decretos de emergencia aprobados en la administración del presidente Porfirio Lobo 'derivan de situaciones no previsibles', como el caso de las tormentas tropicales que han afectado a la nación, el ataque de la epidemia del dengue, los problemas de seguridad y las dificultades en materia de energía suscitadas en varias regiones del país. La secretaria de la Presidencia aseguró que es responsabilidad del Tribunal Superior de Cuentas supervisar el manejo adecuado de los recursos del Estado, en particular, aquellos que son invertidos en procesos de compras y contrataciones directas amparadas en decretos de emergencia.
'Es la responsabilidad del Tribunal Superior de Cuentas, de hecho hay una disposición directamente emanada del Presidente de la República, en donde todo funcionario del Poder Ejecutivo al cual se realicen acciones o contrataciones de emergencia en los 60 días posteriores a eso debe presentar la liquidación y rendición de cuentas correspondiente tanto a las unidades contraloras internas de su institución como al Tribunal de Cuentas'.
'Deberá ser el Tribunal, incluso eso es lo que espera el Presidente, que el Tribunal mantenga en función de los decretos de emergencia corroborar que esto así se hace, emergencias realmente nadie las quisiera, se presentan en función de eventualidades y creo que son situaciones que se dan no solo en este país'.
'Lo importante es que los fondos destinados a atender las emergencias, en primer lugar que haya una emergencia que realmente se justifique, en segundo lugar que los fondos sean administrados efectiva y transparentemente y que haya entidades del Estado que corroboren eso para rendirle las cuentas que el pueblo merece', apuntó. Es de mencionar que el presidente Lobo Sosa ha advertido en reiteradas ocasiones a sus funcionarios que quienes no entreguen, en tiempo y forma informes de rendición de cuentas y liquidación de compras y contrataciones directas amparadas en emergencia, serán sancionados.
Hasta la fecha ningún funcionario ha sido castigado.
