Siguen movimientos
La libertad de prensa y de expresión en Venezuela han funcionado en medio de un cerco que poco a poco se ha ido achicando para aplacar la crítica hacia el gobierno.
Ese fue el estilo de los 14 años de poder del fallecido presidente Hugo Chávez, período en el cual decenas de medios de comunicación independientes han cerrado y ahora, tras la muerte del gobernante, existe poca posibilidad de que ese ataque termine si su sucesor, el presidente encargado Nicolás Maduro, gana las elecciones nacionales del 14 de abril de 2013.
Ejercer el periodismo en Venezuela tiene dos alternativas: hacer crítica y exponerse a la represión o plegarse a los intereses gubernamentales para poder sobrevivir.
EL HERALDO conversó con periodistas, dirigentes de derechos humanos y expertos en libertad de prensa para conocer cómo está la salud de la libertad de comunicación en Venezuela.
Venezuela ha puesto en marcha una legislación que mantiene un control sobre el contenido de la información, algo parecido al proyecto de reforma a la Ley de Telecomunicaciones que impulsa el gobierno hondureño, bajo la coordinación de la ministra de Derechos Humanos, Ana Pineda.
El aspecto más similar entre la ley vigente de Venezuela y la que busca aprobar el gobierno hondureño es sobre castigos hacia medios que, según el gobierno, den noticias que perjudiquen el interés de la nación.
La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte), de 2011, es el instrumento que usa el gobierno venezolano para controlar la agenda informativa de los medios de comunicación a fin de evitar críticas en su contra.
En su artículo 27, esta ley dice que ningún medio puede difundir mensajes que a criterio de la también llamada Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cause algún grado de zozobra entre la sociedad. El órgano que determina si se ha violado este precepto es la Gerencia de Responsabilidad Social, presidida por el director de Conatel.
En el caso de Honduras, el proyecto que discute el Ejecutivo también contempla en su artículo 41, relativo a las faltas muy graves, “promover toda apología del odio nacional, racial, religioso, político o ideológico que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas”.
Además, en el artículo 24-A se crea una Comisión Reguladora de Programación, con facultades para aplicar las normas y procedimientos de regulación de mensajes difundidos por los servicios de radio y televisión de libre recepción.
Durante la socialización, se propuso agregar un nuevo inciso sobre el tipo de mensajes o información que se va a regular y que se va a sancionar. Asimismo, se propuso incluir los servicios de cable.
Sanciones
En el caso de Venezuela, al amparo de esas regulaciones, se le impuso a la empresa Globovision una multa de nueve millones de bolívares (1.3 millones de dólares) por informar sobre un amotinamiento en un centro penal de El Rodeo.
Conatel, ente que regula contenidos de medios, aplicó esta sanción bajo el argumento de que los hechos divulgados por Globovisión eran un “llamado a la zozobra pública”, que según la legislación venezolana, es prohibida.
En enero de 2013 también se abrió un expediente contra Globovisión y se aplicaron medidas cautelares contra esa televisora por difundir micromensajes con alusiones del presidente Chávez que Conatel estableció eran manipulados para atacar al gobierno.
Para el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, el gobierno de Venezuela tiene una conducta de descalificar la forma de operar de los medios y abre expedientes contra estos de forme ilegal en algunos casos, amparado en esta ley Resorte.
“Estamos viendo menos espacios de libertad, restricciones según el tipo de medio”, subrayó.
A su criterio, existen en el panorama pocas posibilidades de que se descontinúe la política de represión a la prensa y si se presentan algunos cambios estos serán poco sustantivos.
Inicio del calvario
Durante la gestión de Chávez cerraron 32 radioemisoras y un canal de televisión, Radio Caracas Televisión (RCT), medios con apreciaciones en contra del proyecto socialista de Chávez, al negarles la prórroga de sus concesiones.
La nueva víctima de esta política represora es Globovisión, a quien no se le permitió registrarse ante Conatel para incorporarse al sistema de transmisión digital, por lo que cuando entre en funcionamiento este modelo, forzosamente saldrá del aire.
Globovisión es prácticamente el único medio televisivo crítico del Estado, por lo que al dejar de funcionar, el gobierno habrá sacado del camino a la señal que más señalamientos le hace.
“Todo este conjunto de acciones contra la libertad de comunicación es parte de una tendencia en Conatel en utilizar eventos de información para sancionar medios”, criticó la dirigente de Derechos Humanos, Tania Adrián.
Ahora las renovaciones para medios de audio y video se redujeron a cinco años con el fin de irles tomando el pulso y al final decidir si sacarlos de operación en un corto plazo en caso de que el gobierno considere que atenta contra la “revolución bolivariana”.
De esta forma, el gobierno usa la administración del espectro radioeléctrico para reprimir conductas de determinados medios de comunicación. Hoy, el Estado tiene el control mediante manejo oficial del 85 por ciento del espectro radioeléctrico en AM Y FM en zonas urbanas y en el sector rural es posicionamiento es del 100 por ciento.
En el caso de Honduras, el proyecto también habla de expropiación en su artículo 46. En ese se establece que el nuevo concesionario (de una frecuencia) deberá adquirir del anterior, los bienes, redes y equipos que estén destinados a la concesión por el valor que corresponda. De no llegar a un acuerdo, el Estado podrá expropiar dichos bienes, redes y equipos siguiendo para ello lo prescrito por la Ley de Expropiación Forzosa.
Asimismo, en su artículo 27, el proyecto hondureño propone que las concesiones no excedan de 15 años; las licencias y permisos de diez (10) años y los registros de cinco (5) años.
Intolerancia
También Tania Adrián considera que el gobierno venezolano se caracteriza por una “tendencia creciente a la intolerancia política” y que esto se ve reflejado en las agresiones a los periodistas.
“En 2012 hubo 100 agresiones a periodistas, ninguno mortal, dado la intervención de la fuerza pública”, recordó la profesional del derecho.
Igualmente valoró que en oportunidades ha habido agresiones en contra de periodistas de medios oficiales.
Opacidad
Otro enemigo de la libertad de prensa y expresión en Venezuela es el casi nulo acceso que tienen los medios críticos a las fuentes oficiales, lo que genera un control de la información por parte del gobierno.
“El acceso a la información es mucho más complicado si tenemos la necesidad de conversar con uno de los ministros, el presidente o vicepresidente es muy complicado, incluso el acceso que hay en la Academia Militar (donde se velan los restos de Chávez), eso lo hace por los alrededores, pero bueno, es porque es una política de Estado”, señaló Ernesto Ecarri, editor de la sección de Política del diario El Universal, que se edita en Caracas.
Ecarri recordó que cuando Hugo Chávez inició su prolongado mandato era más fácil acceder a él o a los demás funcionarios e incluso hacer cuestionamientos sobre determinados temas, pero a partir de 2002, cuando se le hace un fallido intento golpe de Estado, la situación se fue recrudeciendo.
“El enfrentamiento y la polarización, que ha sido una característica muy clara en los 14 años, se ha exacerbado de una forma mucho más directa, mucho más clara con los medios de comunicación privados y que de alguna manera se han identificado como opositores, cuando en realidad son medios de comunicación independiente”, expresó Ecarri.
Otro elemento en contra del crecimiento de los medios de comunicación es la política de restricción de uso de dólares para las empresas, ya que esto limita la importación de papel, otras materias primas y equipos tecnológicos para radio y televisión.
“Si tú utilizas los permisos a medios de comunicación que otorgas para importación definitivamente estamos ante un tema de libertad de comunicación”, remarcó.
Por otro lado, como otras empresas también tienen limitaciones para importar productos, han limitado al mínimo o eliminado, en casos más extremos, las pautas publicitarias en la prensa escrita, de radio o televisión.
Gobierno
Si Nicolás Maduro gana las elecciones presidenciales y mantiene políticas de gobierno que están destruyendo la economía, como se prevé, entonces será difícil que el trato a la prensa crítica sea diferente, según el jefe de Información de El Universal, Miguel San Martín.
El comunicador considera que la prensa está en obligación de informar sobre el caldo de cultivo que se está generando para una crisis social por las medidas gubernamentales y eso, inevitablemente, mantendrá un frente de batalla.
“Hay una conflictividad social generada por conflictos laborales en las empresas, no se ha cumplido con trabajadores, tiene deudas, hay fallas en servicios públicos, el servicio eléctrico, ha habido desinversión, desabastecimiento, inseguridad y esto puede crear una crisis de calle”, expresó.
Ante un eventual gane de Maduro en las votaciones, este deberá de sentarse con los distintos sectores de la población para discutir un proceso que garantice la paz social y este diálogo debe de incluir el tratamiento hacia los medios de comunicación, consideró el periodista.
El gobierno dice que garantiza la libertad de expresión y que no hay censura previa, pero en la realidad tiene una serie de mecanismos legales que interfieren o son intimidatorios para que los medios no informen sobre ciertos temas.
