El gobierno de Porfirio Lobo Sosa se sentará de nuevo, el próximo lunes, en la mesa de diálogo con la dirigencia magisterial.
Ambos sectores se habían distanciado desde hacía dos semanas, luego que los líderes se reunieron con el presidente Lobo Sosa, pero a pesar de ese acercamiento anunciaron medidas de presión. Esa doble posición molestó al mandatario y ordenó suspender el próximo encuentro pactado con ellos.
El ministro de Educación, Marlon Escoto, explicó en ese entonces que en las reuniones los dirigentes decían unas cosas, pero saliendo al pasillo decían otras.
Al parecer el compromiso con el presidente Lobo Sosa era no parar las clases y a cambio el gobierno conocería sus demandas y les buscaría soluciones.
Pero los maestros, influenciados por dirigentes que buscan cargos públicos a través del partido de izquierda Libre, se fueron a protestas y el diálogo se rompió.
El gobierno, en respuesta a esa acción magisterial, emitió un decreto ejecutivo para sancionar a toda persona natural y jurídica que se tome instalaciones de escuelas, colegios e incluso la Secretaría de Educación.
El documento, aprobado en Consejo de Ministros, detalla que la personas que ejecuten esas acciones serán sancionadas con castigos en materia civil, administrativa y penal, lo que generó el malestar general en el magisterio. Edgardo Casaña, presidente del Colegio de Profesores Unión Magisterial de Honduras, consideró que se trata de una campaña de persecución en contra del magisterio.
Entre tanto, el Fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público, Henry Enamorado, analizó que no era necesario la creación de ese acuerdo, porque en las leyes vigentes ya se contemplan sanciones para quienes se tomen las escuelas y colegios.
Lo cierto es que ese decreto ejecutivo vino atizar aún más la tensión que existe entre los dos sectores. Pero ahora hay un deseo expreso de sentarse con ellos de nuevo, a pesar de que en este año se han sentado en 21 ocasiones y no se han logrado acuerdos, dijo el ministro Escoto.
Exigencias magisteriales
Los maestros demandan, desde inicios del año, la derogación de la Ley de Inprema, que les cercena una parte de sus derechos una vez que se jubilan.
Además, han exigido que se revise o elimine la Ley Fundamental de Educación y que les paguen 141 millones de lempiras que les adeudan a unos 5,000 maestros en concepto de salarios desde hace dos años.
Y más recientemente el ministro de Educación amplió el año escolar hasta el 21 de diciembre con la finalidad de recuperar los días de paro, en el que los docentes no dieron clases.
Eso enfadó a la dirigencia magisterial y amenazaron con cerrar el año lectivo el 30 de noviembre.
Inclusive, dijeron que ellos podían ir a clases, pero pedirían a los alumnos no presentarse a las aulas. Andrés Martínez, presidente de la Asociación Hondureña de Padres de Familia, consideró que “ya era tiempo que se pusiera en cintura a los maestros, cada año se pierden decenas de días clases y el tiempo no se recupera... hay que poner un precedente en el país”.
Según Martínez, durante este año se han perdido cerca de 30 días de clases, pero la Secretaría de Educación sostiene que han sido, en promedio, 15 días.
Marcha general
El deseo del gobierno para retornar a las mesas de diálogo, nace luego que las centrales obreras y los sindicatos del país se sumaran al clamor de los maestros. Daniel Durón, secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT), dijo que el derecho de la protesta está garantizado en la Constitución y por eso cualquier acción en coartar ese derecho merece el repudio de todo el sector social.
Los maestros, las centrales obreras y los sindicatos marcharán mañana a las 2:00 de la tarde desde el parque El Obelisco hasta el Congreso Nacional, donde exigirán un cese a una presunta campaña contra el sector magisterio.
Los docentes aclararon que no habrá suspensión de clases en el sector educativo.
