El proyecto de reforma a la Ley de Telecomunicaciones sufrió una “mutación genética” que al final la volvió más lesiva para la libertad de prensa.
La propuesta original proponía una comisión de regulación de contenido y mecanismos confiscatorios para empresas radiales y de televisión en caso de que infringieran alguna disposición.
Pero luego de que el relator para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, Frank La Rue, recomendara que no se deben ventilar temas de contenido informativo en una ley sobre concentración de frecuencias, el Legislativo hizo una jugada y creó cuatro propuestas para dar un zarpazo al ejercicio periodístico.
La Comisión de dictamen del proyecto de reforma a la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones quitó los aspectos de regulación de contenido del proyecto original y luego creó cuatro proyectos de “leyes mordaza” para controlar la agenda informativa.
Uno de los proyectos es para la creación de la Ley de Libertad de Prensa y Libre Emisión del Pensamiento, en la cual propone una intervención directa al contenido informativo.
El proyecto plantea una “normativa para que los medios de comunicación presenten balance noticioso sobre información relativa a personas naturales o jurídicas”.
Igualmente se establece “la definición de parámetros éticos sobre los cuales debe ofrecerse la información”, pero no se especifica qué es ético o antiético para el gobierno.
Otra propuesta es la de reformar la Ley de Contratación del Estado para prohibir a dueños de medios celebrar contratos con el Estado con productos que no sean relacionados a la empresa mediática.
