TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde el 31 de enero, que mediante su red social X expresara su postura en relación a las rotaciones en las coordinaciones de las Salas del Poder Judicial (PJ) y la presidencia de la Sala Constitucional, la presidenta de este poder del Estado, Rebeca Ráquel, desapareció de la palestra pública.
Con los rumores de que se consumaría un zarpazo a la Sala Constitucional, la titular del Poder Judicial se ausentó de participaciones públicas, a deducir, para evitar el escrutinio y cuestionamiento de la prensa nacional, sobre el intrincado tema de las rotaciones.
Su cautela fue más evidente, cuando el pasado 14 de febrero dejó de asistir a la misa con motivo del inicio de la cuaresma, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la que ha sido costumbre la presencia de sus máximas autoridades, pero ella no asistió al evento religioso.
Similar situación atraviesa el magistrado Wagner Vallecillo, quien desde que se hicieron públicas las intenciones de nombrarlo presidente de la Sala Constitucional, se ha llamado al silencio y a evitado a toda costa dar su opinión sobre las polémicas rotaciones.
Los conocedores de la materia son del criterio que se alteró ilegal y abruptamente el orden de precedencia al nombrarlo presidente, ya que le correspondía tomar ese cargo al magistrado Luis Fernando Padilla Castellanos.
Sobre ese tópico, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal, aseguró que el magistrado Vallecillo, de corte liberal, será respetuoso de la ley y no aceptaría la titularidad de la estratégica Sala Constitucional para los políticos.
Este rotativo intentó tener su versión sobre las decisiones tomadas en los últimos días en el torno a su nombramiento y sí había valorado no aceptar la designación desde la presidencia, pero no hubo respuesta de parte de Vallecillo.
Interponer recursos
Las decisiones adoptadas unilateralmente por Rebeca Ráquel, titular del PJ, son rechazadas rotundamente por un sector de la ciudadanía, principalmente la oposición política del partido en el gobierno, al grado de querer impugnarla mediante recursos de inconstitucionalidad.
El profesional del derecho Jaime Rodríguez explica que estas acciones legales no surtirán ningún efecto y serían desestimados por que no los están incoando las personas adecuadas del caso.
“Lo que procede es presentar una nulidad, y la nulidad la debe de presentar alguien que esté legitimado; en este caso debería de ser el magistrado Luis Padilla o cualquiera de los magistrados de la Sala Constitucional u otros magistrados”, apuntó Rodríguez.
Agregó: “Cualquier otro colega que presente recursos de inconstitucionalidad o de amparo van ha ser rechazados por que no están legitimados; los pueden presentar y ser admitidos, pero en su momento van ha ser declarados sin lugar ya que no están legitima
Acciones de represión
La problemática que embarga al Poder Judicial también llama la atención de la comunidad internacional.
Para el caso, la Federación Latinoamericana de Magistrados (Flam), - que agrupa la judicatura de 19 países de América Latina- en un comunicado oficial, exhortó a la presidenta Ráquel, a respetar las garantías esenciales de inamovilidad y estabilidad en el ejercicio de las funciones de los jueces. Esto en alusión a las supuestas acciones de persecución que habrían sido objeto varios jueces, además, de intenciones de traslados de sedes que resultan violatorios de la estabilidad e independencia.
