El caso por el asesinato todavía impune de un ambientalista en Honduras en 1998, fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que evaluará la responsabilidad del Estado en la falta de investigación, procesamiento y sanción de los responsables.
Carlos Luna López fue asesinado en 1998 meses después de resultar electo regidor del pueblo de Catacamas, departamento de Olancho, y denunciar actos de corrupción en la corporación municipal relacionados a permisos madereros y presunta tala ilegal.
Según un comunicado emitido el jueves por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dictamina los casos que son enviados a la corte regional, las autoridades competentes no realizaron las diligencias inmediatas de protección de la escena del crimen ni realizaron una autopsia adecuada.
Uno de los autores materiales del crimen fue asesinado en prisión tras identificar a algunos de los presuntos autores intelectuales. Asimismo, varios testigos recibieron hostigamientos y amenazas y varios jueces se excusaron durante el proceso, pero el Estado no abrió investigación alguna en relación con los indicios de participación de agentes estatales en el asesinato, indicó la CIDH.
El caso fue remitido el 10 de noviembre porque el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en un informe previo, donde la CIDH concluyó que Honduras es responsable de la violación de los derechos a la vida y a la participación política de Luna López, así como de la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de sus familiares.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región. Está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
