Tegucigalpa, Honduras
Entre la lista de aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) existen defensores de hondureños pedidos en extradición.
EL HERALDO conoció de una fuente de entero crédito que en la lista de 197 candidatos hay un abogado que en 2014 defendió a un hondureño extraditado en mayo de ese mismo año.
La fuente informó que en la lista de participantes también está la esposa de este defensor.
Pero la historia no termina ahí, la suegra de este también participa.
Además se conoció que otro buen grupo de abogados ha integrado como asesores cuerpos legales de otras personas vinculadas al crimen organizado y narcotráfico.
Ayer EL HERALDO consultó al presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y miembro propietario de la Junta Nominadora, José Luis Valladares, si esta condición podría restar puntos o descalificar a estos aspirantes.
Al respecto dijo que esa situación será discutida hasta la siguiente semana con los informes que ya han remitidos diferentes operadores de justicia del país.
Sin embargo, no aclaró si se descalifica o se le restará puntos a estos candidatos.
EL HERALDO dialogó vía mensaje de texto con uno de estos togados que han integrado como asesores en la defensa de extraditables, quien aseguró que esto no debe ser motivo de descalificación. “Es derecho constitucional del imputado tener una defensa, no le podemos negar ese derechos, ese es nuestro trabajo, defender sin importar cuál sea el delito”, dijo al tiempo que pidió no ser identificado en la nota periodística.
Los investigan desde EE UU
Hace dos días, EL HERALDO publicó en exclusiva que 40 de los 197 participantes han sido indagados por una organización independiente de Estados Unidos y que está muy ligada al sector justicia.
Al parecer esta organización entregará un informe a la Junta Nominadora con supuestas vinculaciones que estos candidatos tienen con organizaciones de crimen organizado y narcotráfico.
Sin embargo, los miembros de la Junta Nominadora no han confirmado si en efecto ya conocen esta información.
Operadores
Ayer, EL HERALDO divulgó la preocupación de la Junta Nominadora por la falta de entrega de información de los operadores de justicia, misma que ayudará a descubrir nexos que tengan los precandidatos con el narcotráfico.
Se informó que solo la CSJ había hecho entrega de la documentación, sin embargo, en una nota enviada por el Tribunal Superior de Cuentas se aclaró que la Junta recibió la información solicitada el 2 de noviembre.
En esta información se indica que “199 (aspirantes) acudieron al ente contralor a solicitar la constancia de solvencia con el Estado, las que fueron emitidas. Solo existió un caso de un profesional del derecho que no solicitó dicho documento”.
De acuerdo a la carta enviada a la Junta Nominadora, “únicamente aparece registrado con responsabilidad civil el abogado Raúl Hernán Rafael Silva Baltodano, según Resolución 1133/2011-SG-TSC remitida a la Procuraduría General de la República en fecha 5 de junio del 2014”.
Otra de las instituciones que aseguran haber enviado su información es la Policía Nacional.
Leonel Sauceda dijo que la Policía Nacional cumplió con extender los antecedentes con base en la solicitud individual de cada aspirante, ya que era un requisito solicitado por la Junta.
Refirió que el 26 de octubre la Junta Nominadora pidió al director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) que confirmara la información de los 200 candidatos y el 5 de noviembre se recibió a un encomendado de la Junta al que se le hizo entrega de la documentación.
Sin embargo, Carlos Izaguirre, miembro de la Junta, aclaró que los documentos de la Policía no han sido entregados a la Junta y que posiblemente los habría recibido la Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado.
Otra documentación fue entregada ayer por las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), según confirmó el procurador general Abraham Alvarenga, quien también es candidato a magistrado.
Dijo que algunos de los participantes han entablado demandas laborales, pero no detalló la cifra.
El informe que queda pendiente es del Ministerio Público, que realizó una indagación de cada uno de los 200 candidatos. Yuri Mora, jefe de comunicaciones, dijo que el informe está por concluirse y que la tardanza ha sido por solicitar información en las unidades regionales
