Aunque el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) no se da abasto para atender la demanda de servicios de salud, los políticos de turno le siguen imponiendo más cargas que no puede sostener.
Basta recorrer, en la mañana o en la tarde, las salas de consulta, las salas de emergencias y las farmacias para tener una idea de la penosa situación que enfrentan los derechohabientes cuando llegan por atención médica.
A pesar de que el Seguro Social actualmente está bajo la dirección de una Junta Interventora, poco o nada ha cambiado su situación. A un enfermo le puede llevar meses acceder a un especialista o que le practiquen un examen médico.
Es evidente que el IHSS, saqueado en la administración anterior, no puede con la atención de un millón 188 mil 984 afiliados directos, más un millón 970 mil 850 beneficiarios.
Sin embargo, recientemente el Legislativo aprobó que el Seguro Social brinde atención a 34,800 jubilados más: 18 mil profesores provenientes del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema), 15 mil 391 del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos de Poder Ejecutivo (Injupemp) y 1,447 del Instituto Nacional de Previsión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Inpreunah).
Aunque los congresistas argumentaron que están cumpliendo con la Ley Marco de Protección Social que entró en vigencia en septiembre de 2015, el sentido común indica que primero hay que sacar al Seguro Social de sus penurias para luego imponerle más responsabilidades.
Aunque darle servicios a estos 34,800 jubilados les representará al Seguro Social un ingreso de aproximadamente 500 millones de lempiras al año, si no resuelve los problemas de infraestructura, no contrata más médicos y adquiere más medicamentos, la deficiencia en la prestación de servicios aumentará.
La misión del IHSS de garantizar el acceso a servicios de salud con “calidad, eficiencia, eficacia, equidad y calidez” a los afiliados y a los beneficiarios es una delegación que todavía tiene pendiente cumplir.
