Tras haber vencido en la segunda vuelta electoral, mañana domingo, 14 de enero, asume la titularidad del Poder Ejecutivo el social demócrata Bernardo Arévalo, en reemplazo del conservador Giammattei.
Desde el momento mismo que la voluntad mayoritaria del electorado lo favoreció con su voto, ha tenido que superar diversos obstáculos que ha interpuesto la fiscal general, en el intento por impedir su acceso al poder, para ello utilizando acusaciones seudolegales, asistida para tal efecto por algunos jueces. El gobierno estadounidense ha sancionado a tal funcionaria, calificándola de “corrupta”. El eje de la campaña electoral de Arévalo fue el combate a la corrupción, profundamente enraizada en redes criminales que incluyen políticos, empresarios, militares, narcotraficantes. Tal promesa de campaña le permitió obtener el respaldo masivo de sus compatriotas, así como la férrea oposición de los grupos que desde ahora se ven afectados por investigaciones y acciones que pongan al desnudo sus actividades ilícitas al igual que las personas que tradicionalmente les brindan protección.
Su gestión no resultará nada fácil; por el contrario, poderosos sectores ultraconservadores se oponen a cualquier intento de justicia social y redistribución de la renta vía reformas tributarias, necesaria para poder implementar programas que beneficien a las mayorías ladinas e indígenas. La carga tributaria en Guatemala es la más baja en Centroamérica, sesgada hacia los impuestos al consumo. Tal oposición, intransigente y contraproducente para el bien colectivo, es respaldada por influyentes organizaciones evangélicas fundamentalistas. La alianza estratégica de ambos grupos, contando con mayoría en el Congreso, bloqueará aquellas iniciativas de ley, de carácter reformista, remitidas por el Ejecutivo, vetándolas. Ese forcejeo permanente debilitara su programa de gobierno, a menos que utilice instrumentos legales de consulta como el plebiscito y el referéndum.
